En la fotografía el presidente Alejandro Giammattei, y el Ministro de Economía, Janio Rasales. Foto: La Hora

Tras darse a conocer que el presidente Alejandro Giammattei giró instrucciones para contratar una firma de abogados que llevaría casos de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, cuyo precio era mayor al bufete que ya tenía contratado el Ministerio de Economía (Mineco), La Hora consultó sobre si consideraban no contratar el de mayor monto, pero tanto en dicha cartera como en Presidencia mandaron a consultar a la otra instancia.

Al preguntarle a Comunicación Social de Mineco sobre el tema del bufete y si cómo ministerio consideraba la decisión de no contratar al más caro, esa institución respondió: “Eso sería con Comunicación de la Presidencia, en Mineco no hay nada de eso”.

Mientras que, al trasladar la interrogante a Presidencia, la Secretaría de Comunicación Social, respondió: “Lo del bufete por favor con Mineco”.

Presidencia y el Mineco se niegan a hablar al respecto. La Hora tiene las constancias cuando el entonces Secretario Privado de la Presidencia y ahora Ministro de Economía, Janio Rosales, pidió la contratación aduciendo que era una orden expresa del presidente Alejandro Giammattei.

GIAMMATTEI QUIERE EL BUFETE MÁS CARO

El pasado 2 de junio este medio dio a conocer que el presidente Giammattei “dio la instrucción” que Economía contratara a la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP con el afán que esta represente al Estado de Guatemala en un caso de arbitraje internacional.

El bufete que llevaba los casos previos al pedido del Presidente cobraba anualmente US $1 millón 411 mil por cinco casos. La oferta de Greenberg fechada 5 de marzo del presente año implica honorarios entre US $2 millones y US $2.5 millones por uno solo, según consta en el documento “Propuesta para Representar a la República de Guatemala en el Arbitraje ICSID Caso No. ARB/21/56”, del cual La Hora obtuvo una copia.

QUERÍA UN ABOGADO

Giammattei quería a un abogado: Daniel Pulecio-Boek, quien se promociona por tener experiencia en casos de personas vinculadas a la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pulecio-Boek, es un abogado que ha representado a varios funcionarios gubernamentales y empresarios de alto nivel relacionados con el Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la sección 353 del Departamento de Estado, conocida como Lista Engel, publicada en julio de 2019, tal como indica la página digital de esta firma.

Hace unas semanas el Presidente se burló de la Lista Engel y en defensa de Consuelo Porras, Fiscal General del Ministerio Público (MP) dijo que haría la lista del “zopilote”. La jefa del Ministerio Público fue incluida desde septiembre pasado en la nómina de sancionados en la Lista Engel.

REACCIONES POR ESOS HECHOS

En su momento, La Hora consultó al abogado, catedrático universitario y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, quien consideró que es poca la información sobre el avance de los arbitrajes; sin embargo, resaltó que en Guatemala de forma “festinada e irresponsable”, muchos gobiernos han otorgado licencias y permisos sin contemplar el panorama completo de las leyes a cumplir.

Explicó que debido a esos hechos surgen las demandas como la de Ferrovías de Guatemala y varios casos de minas que otorgan las autorizaciones, pero después dan marcha atrás, lo que genera afectaciones. Siendo objetivos es cuando Guatemala necesita un tipo de defensa para la resolución de disputas, afirmó.

SON FONDOS PÚBLICOS

A su vez, el internacionalista Luis Fernando Andrade comentó a La Hora que es de felicitar a los medios que han cubierto la noticia, porque es un asunto de interés nacional e internacional. Además, como ciudadano recomienda que las autoridades responsables de firmar este contrato den declaraciones muy transparentes para aclarar cualquier duda.

El también exviceministro de Relaciones Exteriores aseveró que es necesario que las autoridades rindan cuentas y las que están directamente involucradas quienes tienen que aclarar. “Aquí no se trata ya de especular, sino de explicar”, porque son fondos públicos, aseguró.

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