Durante una audiencia en la que operadores de justicia solicitaron medidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la magistrada Vocal VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, aseguró que no intervienen en las resoluciones de los jueces, lo cual contradice a la denuncia presentada por el exjuez Carlos Ruano, a quien solicitó medidas en favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.
“Nosotros como magistrados de la CSJ no podemos intervenir en los procesos ni darle ningún tipo de instrucción a los jueces, respetamos sus resoluciones y cuando llegan acciones o solicitudes, ya sea de los querellantes del Ministerio Público (MP) o de cualquier otro sujeto procesal a la CSJ, ahí es el momento en que nosotros intervenimos”, mencionó.
A su vez, aseguró que en el caso de los exjueces Erika Aifán y Carlos Ruano, salieron del país cuando conocieron que tenían un proceso antejuicio en su contra, que no había sido resuelto.
A criterio de Stalling, los exjuzgadores no salieron del país porque fueran perseguidos, sino que estaban en la etapa en la cual un Juez Pesquisidor debía determinar si procedía o no que se continuara el proceso de retiro de inmunidad.
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RUANO SALE AL EXILIO
El pasado 27 de septiembre, Ruano anunció que salió del país, puesto que su vida podría sufrir graves daños irreparables, de lo cual responsabilizó a la magistrada Stalling, ya que según detalló un sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal, Manuel de Jesús Ramírez, fue asesinado luego de acusar por corrupción a la togada.
De acuerdo con el exjuez, su salida se dio debido a que los integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez-Ruiz y Raúl Falla, interpusieron una denuncia en su contra por la acusación que el Juez presentó contra Stalling con la que buscaba favorecer a su hijo.
“Todos escucharon cuando en el Palacio de Justicia se cometía un delito grave contra la independencia de todo el Organismo Judicial”, subrayó Ruano, quien aseguró que la reunión en la que Stalling le pidió favorecer a su hijo fue grabada legalmente.
“Es grave que se use la toga como disfraz para saciar la sed de venganza de quien quiere lavarse la cara. Todos escuchamos cuando se cometía un delito y la vimos a ella cuando se puso en fuga usando una peluca”, añadió en su momento.
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Además, recalcó que para los jueces, fiscales y querellantes no era un delito denunciar. “Estos actos de criminalización demuestran que soy perseguido por motivos políticos en Guatemala, he sido forzado a salir del país, me encuentro protegido. Seré un operador de justicia exiliado, agradezco las muestras de solidaridad y apoyo”, puntualizó.
EL CASO
En enero de 2017, Ruano presentó una acusación contra la magistrada Stalling, debido a que ejerció presiones sobre él para que su hijo, Otto Fernando Molina Stalling fuera beneficiado con arresto domiciliario dentro del caso por corrupción denominado “IGSS-Pisa”.
De esta cuenta, la magistrada se dio a la fuga y fue capturada cuando usaba peluca en una abarrotería ubicada en la zona 9, sin embargo, en junio de 2022, el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz declaró un sobreseimiento a favor de Stalling, por lo que fue reinstalada en la CSJ.
De acuerdo al Juzgador, Ruano no podía grabar a Stalling debido a que aún contaba con antejuicio, por ello, la FCT presentó una denuncia por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, lo que derivó en el proceso de retiro de antejuicio.
