El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, continuó las acciones en contra del Movimiento Semilla. Foto: La Hora/ José Orozco

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, continuó las acciones en contra del Movimiento Semilla, lo cual ha generado preocupación en distintos sectores sobre la realización de la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto, entre Bernardo Arévalo, de esa agrupación política, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Las acciones fueron consideradas por Estados Unidos como intentos para “socavar la voluntad del pueblo guatemalteco”, y un gesto propio de las dictaduras similares a las de Nicaragua, según dio a conocer la agencia de notificias EFE.

A su vez, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) resolver a favor de que los ciudadanos elijan libremente en las urnas, luego que el Tribunal Supremo Electoral interpusiera un amparo para que autoridades se abstengan de emitir decisiones que puedan afectar la segunda vuelta electoral.

CONTINÚAN LAS ACCIONES CONTRA SEMILLA

Este viernes 21 de julio, la FECI realizó un allanamiento en la sede del partido Semilla, en seguimiento a lo ordenado por el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, sobre la suspensión de la organización por un supuesto caso de falsificación de firmas para la constitución del partido político.

Lo anterior se suma al allanamiento del pasado 13 de julio realizado por la Fiscalía en las oficinas del Registro de Ciudadanos, en donde extrajo documentación del Movimiento Semilla.

El 20 de julio, la FECI realizó un operativo en el que buscaba ejecutar la orden de aprehensión contra la subdirectora del Registro de Ciudadanos, Eleonora Noemí Castillo Pinzón, quien actualmente se encuentra a cargo de la dependencia del TSE, debido a que el jefe de esa área se encuentra de vacaciones por razones personales.

Además, el juez Orellana giró dos órdenes de captura contra Cinthya Alejandra Rojas y Jaime Gabriel Gudiel, integrante y exintegrante de Semilla, respectivamente, por los delitos de falsedad ideológica con agravación electoral.

TSE BUSCA QUE ELECCIONES CONTINÚEN

Debido a las acciones del ente investigador, el TSE presentó un amparo ante el Tribunal Constitucional, contra las siguientes autoridades:

David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación (Mingob).
Henry Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional.
Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Organismo Judicial (OJ).
María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público.
Wuelmer Gómez, Procurador General de la Nación.
Edwin Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil (PNC).
Edwin Martínez, ministro de Finanzas Públicas
José Alejandro Córdova, PDH
Wuelmer Gómez, PGN

 

Con ello, el órgano electoral busca que las autoridades se abstengan de emitir decisiones que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 1328-2023, sobre la segunda vuelta electoral entre Arévalo y Torres.

El amparo del TSE fue calificado por la administración de Alejandro Giammattei como “sorpresivo y lamentable”, ya que a su criterio, el Organismo Ejecutivo ha brindado todas las garantías de protección y acceso al voto, incluyendo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y escuelas para centros de votación.

EE. UU. DICE QUE ACCIONES DE MP SON PROPIAS DE UNA DICTADURA

Sobre el tema, la administración de Joe Biden aseguró que el ente investigador busca socavar la voluntad del pueblo, con el allanamiento contra Semilla, el cual consideró como un gesto propio de una dictadura como la de Nicaragua.

“Usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que usan los Gobiernos autoritarios, no solo en Latinoamérica sino en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras”, indicó a la agencia de noticias EFE un alto funcionario del Gobierno norteamericano.

A su vez, la administración Biden recalcó que está dando seguimiento “muy de cerca” y considera muy preocupantes los esfuerzos del ente investigador para socavar la voluntad del pueblo guatemalteco para elegir sus propios líderes.

De la misma forma, el embajador permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Frank O. Mora, mostró preocupación por las acciones en contra de la agrupación política, por lo que se unió al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Los guatemaltecos merecen el derecho a votar por sus candidatos sin interferencias”, agregó.

CACIF PIDE A CC RESOLVER A FAVOR DE CIUDADANOS

Asimismo, el presidente del CACIF, Ignacio Lejarraga, indicó que es importante que la alta Corte resuelva a favor de la protección legal que el TSE requirió para asegurar la segunda vuelta electoral.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está utilizando las acciones legales correspondientes para asegurar, por medio de la Corte de Constitucionalidad (CC), que la segunda vuelta electoral tenga lugar el 20 de agosto y en las condiciones en las que el propio TSE dictaminó, oportunamente, en su resolución 1328-2023”, expresó.

Agregó que, “es importante que la máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección legal, por medio de las prevenciones necesarias para que el evento eleccionario pueda llevarse a cabo y, de esta forma, permitir que sean los ciudadanos quienes libremente decidan en las urnas”.

Además, CACIF dio a conocer que los miembros del Programa de Observación Electoral (PROE), sostuvieron una reunión con otros observadores nacionales e internacionales en una sesión informativa con magistrados de la entidad electoral, por lo que consideró que es importante apoyar la labor que realiza el TSE.

CIDH MUESTRA PREOCUPACIÓN POR INJERENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL

De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la injerencia en el proceso electoral, en un contexto de independencia del ente investigador, y la fiscal general, Consuelo Porras, por lo que señaló la urgencia para que el Estado guatemalteco asegure la separación de poderes y garantice el derecho a la participación política con la normativa internacional y los estándares interamericanos.

“Evitando injerencias indebidas, así como a respetar “la voluntad popular expresada por el pueblo guatemalteco” en las elecciones de la primera vuelta, conforme lo manifestado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en el país”, recalcó.

En esta línea, subrayó que la suspensión de Semilla contraviene con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y que la exclusión de candidaturas de manera arbitraria o ilegal, además de afectar los derechos políticos, incide negativamente en la libre expresión de la voluntad del electorado, lo que supone una consecuencia grave para la democracia.

UNIÓN EUROPEA MUESTRA PREOCUPACIÓN

De la misma forma, la Unión Europea emitió un comunicado en el que indicó que sigue profundamente preocupada por los persistentes intentos de socavar la integridad de los resultados de la primera vuelta, mientras que también reiteró su llamado a las instituciones guatemaltecas para respetar plenamente la integridad del proceso electoral y los resultados electorales.

“La Unión Europea expresa su máxima preocupación por las acciones iniciadas por la FECI que resultaron en órdenes de captura contra la subdirectora del Registro Ciudadanos y los miembros del partido político Semilla, así como un allanamiento realizado en las oficinas del TSE”, agregó.

Además, recalcó que como socio continúa plenamente comprometida con el apoyo a la democracia, y que los intentos de anular el resultado de las elecciones y socar una elección democrática inevitablemente tendrán un impacto en las relaciones internacionales de Guatemala, incluso con la Unión Europea.

PIDEN RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) condenó la orden de captura emitida por el juez Fredy Orellana en contra de Eleonora Castillo, Registradora de Ciudadanos en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) puesto que esto “amenaza la independencia de la autoridad electoral”.

En diversas ocasiones esta institución ha apoyado la labor de los Magistrados del TSE e insiste en que “debe respetarse la institucionalidad del régimen electoral”, para proteger, así, “la integridad del voto ciudadano”.

La decisión del TSE para mantener la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, se enmarca bajo el rango constitucional que tiene la Ley Electoral y de Partidos Políticos, agregado a la protección dada por el amparo provisional otorgado por la CC, acciones legales que “prevalecen sobre las decisiones de un juez ordinario”, detalló la MOE-Gt.

La MOE-Gt explicó que esta institucionalidad previene sobre el efecto “nefasto” que tienen en la democracia electoral, “las acciones que realiza la FECI contra el TSE y el partido Movimiento Semilla para entorpecer el libre curso de la segunda vuelta presidencial”.

SENADORES PIDEN CESE DE INTERFERENCIA

Cuatro miembros del Senado estadounidense emitieron un pronunciamiento el viernes 14 de julio, en el cual rechazaron la interferencia del gobierno guatemalteco en las Elecciones Generales, tras la suspensión del partido Semilla a solicitud del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

En la declaración, el senador Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, el líder de la mayoría de la Cámara Alta, Dick Durbin, así como los senadores Ben Cardin, Jeff Merkley y Peter Welch, rechazan la suspensión del Semilla por orden del Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana.

En esta línea, los representantes del partido Demócrata en la Cámara Alta sostienen que están profundamente perturbados por la injerencia sin precedentes del gobierno guatemalteco en el proceso electoral, tras los comicios del pasado 25 de junio.

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