La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, informó este jueves 11 de mayo, que existe una preocupación ante la entrada en vigencia de la Ley Antiinmigración en Florida, Estados Unidos, pero que aún no han existido acercamientos con autoridades migratorias, así como con la embajada de Estados Unidos para asegurar la realización de las elecciones en dicho lugar.
De acuerdo con Palencia aún no existen reportes de las Juntas Electorales en Florida, únicamente los comunicados de preocupación que hay en las comunidades migrantes al respecto.
En esta línea, la presidenta del TSE aseguró que les preocupa la entrada en vigencia de la normativa, ya que impactará en el voto en la localidad, en donde indicó que existe un número importante de mesas.
Palencia sostuvo que no han hablado con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), ni con el Instituto Guatemalteco de Migración, pero que tendrían que tener acercamientos junto con la sede diplomática norteamericana para ver si puede existir una contingencia que dé un estatus de protección especial a migrantes.
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Lo anterior, con el fin de que se pueda garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los migrantes. “Pero eso es una especulación, lo que estoy diciendo, porque aún lo vamos a hacer”, afirmó.
LA LEY ANTIINMIGRACIÓN
El pasado miércoles 10 de mayo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis firmó la ley antiinmigración, una controvertida ley aprobada la semana pasada por los miembros de la Cámara de Representantes de Florida.
La legislación denominada SB-1718, destinará 12 millones de dólares a un programa para la “reubicación” de migrantes en otros estados del país norteamericano. El gobernador del estado del sur aprobó la invalidación de licencias de conducir e identificación emitidas en 16 estados y el distrito de Columbia a migrantes “irregulares”.
A su vez, la normativa obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a utilizar el sistema E-Verify, para conocer el estatus migratorio de las personas y en caso de reincidir las licencias de operación podrían ser canceladas, mientras que también establece auditorías aleatorias a las compañías para verificar el uso de este sistema.
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Florida también aumentó las penas por emplear, contratar o referir migrantes en situación irregular para puestos públicos o privados, mientras que los “dreamers” que llegaron al país siendo menores, pero que han entrado al sistema educativo, no podrán ejercer la abogacía en este país.
Entre otras disposiciones, prohíbe el turismo y reuniones de amigos o familiares con migrantes “no autorizados”, obliga a hospitales que aceptan Medicaid a recoger información del estatus migratorio de las personas e impone multas de hasta 15 años a las personas que bajo pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a migrantes irregulares.
