La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió confirmar la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, con la cual redujo a ocho años la sentencia condenatoria en contra del expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi Menéndez, dentro del caso denominado Plazas Fantasma.
De acuerdo con la resolución, representantes del Congreso interpusieron un amparo en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la cual rechazó un recurso de casación.
Con dicho recurso, buscaban dejar sin efecto la decisión del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, el cual redujo la condena contra Muadi Menéndez a ocho años de prisión inconmutables por el delito de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
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En la solicitud, los representantes del Congreso aseguraron que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público (MP) indicó que la CSJ fue clara al considerar que era procedente rechazar el recurso.
“En consecuencia, este Tribunal advierte que el proceder de la autoridad reprochada, contrario a lo manifestado por el ahora postulante, no deriva de un rigorismo indebido, ni transgrede el derecho y el principio jurídico señalados”, sostuvo la alta Corte en la resolución, ya que la CSJ actuó conforme a los artículos 203 de la Constitución, así como los artículos 442 y 445 del Código Procesal Penal y sin que su proceder denotare que hubiere ocasionado agravio alguno.
LA REDUCCIÓN
En marzo de 2020, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó al expresidente del Congreso a 30 años con 8 meses de prisión, por los delitos de peculado por sustracción, asociación ilícita, y lavado de dinero, dentro del caso denominado Plazas Fantasma.
Sin embargo, en enero de 2021, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal determinó que se debía reducir las penas de prisión que habían sido impuestos. Posteriormente, la alta Corte favoreció al expresidente del Legislativo, ya que aseguró que el Tribunal Octavo no envió una prórroga de la prisión preventiva, con lo cual podía gozar de medidas sustitutivas.
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EL CASO
De acuerdo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Muadi entre los años de 2013 y 2014 habría realizado la contratación de al menos 30 personas en el Organismo Legislativo.
La investigación detalla que el Congreso erogó Q4.3 millones, de los cuales el entonces presidente del Congreso se habría beneficiado con al menos Q2 millones.
