El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dio a conocer las órdenes de captura dentro la investigación sobre presuntas irregularidades durante la aprobación de los acuerdos de colaboración eficaz en las pesquisas por el caso Odebrecht; sin embargo, se desconoce si el fiscal impugnó el falló con el cual se otorgó el arresto domiciliario al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, señalado en el proceso judicial que se sigue en contra de exfuncionarios que habrían recibido sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
La Hora llamó en repetidas ocasiones y envió mensajes en WhatsApp a Curruchiche para conocer si la Fiscalía a su cargo presentó una apelación para revertir las medidas sustitutivas que fueron otorgadas a Sinibaldi, pero este no contestó.
Por lo cual, esta redacción se comunicó con el jefe de Información y Prensa del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, quien respondió que el juez a cargo del caso decretó la reserva de las diligencias que se desarrollen en el referido proceso.
Hasta ahora se desconoce si el jefe de la FECI habría beneficiado a Sinibaldi al no apelar a la decisión del juez Juan José Jiménez Tejax, encargado del Juzgado de Mayor Riesgo D.
¿Por qué el MP solicitó al Congreso de la República información certificada del Exprocurador de los Derechos Humanos? Aquí te lo explicamos ⬇️
https://t.co/qFg0wjcAHp— Diario La Hora (@lahoragt) January 20, 2023
ESTO DICE LA LEY DE LA RESERVA
En el artículo 314 del Código Procesal Penal se establece el carácter de las actuaciones judiciales y de investigación penal, y en esa normativa se faculta al Ministerio Público (MP) para solicitar ante un juez la reserva total o parcial de un proceso.
La referida limitación a la información que surja de una investigación penal que ya es de conocimiento de un juzgado puede ser solicitada en los casos en que “la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad”.
Además, se indica que la reserva solo puede ser dictada por un plazo de 10 días corridos, y que esta medida se puede prorrogar en una oportunidad más, en este caso los sujetos procesales pueden solicitarle al juez que se le ponga fin.
BENEFICIADO EN CASO ODEBRECHT
El exministro de Comunicaciones fue beneficiado en diciembre pasado por el juez de Mayor Riesgo D, después de que el señalado solicitó el cambio en las medidas de coerción que le habían sido impuestas en el proceso.
De esa cuenta, el juzgador aceptó la petición de Sinibaldi y le impuso una fianza de Q500 mil, suma que fue cancelada durante la primera quincena de este mes. El exfuncionario firmó el acta de compromiso el pasado viernes 13 de enero.
Según Sinibaldi, las operaciones de sus empresas que todavía funcionan le permitieron reunir el monto de la medida que le fue impuesta a cambio de continuar con la prisión preventiva que le fue ordenada en el caso Odebrecht.
“Yo, antes de ser político, toda mi vida fui empresario. Con todo y los problemas que hemos enfrentado como familia, con toda la mala publicidad que hemos tenido, aún hay empresas productivas”, aseveró.
Sinibaldi aún no ha salido de la cárcel, pues aún tiene pendiente cancelar otra fianza de Q300 mil que la jueza Virginia de León le impuso dentro del caso La Coperacha. Y también sigue vigente la prisión preventiva que se le ordenó guardar por el caso Transurbano.
FECI PIDE ÓRDENES DE CAPTURA
El jefe de la FECI dio a conocer que a solicitud de dicha unidad de investigación se ordenó la captura del presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Juan Pablo Carrasco de Groote; la exfiscal general, Thelma Aldana; la exsecretaria general del ente investigador, Mayra Johana Véliz López; y David Gaitán, exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Curruchiche dijo que estas personas son vinculadas al caso denominado Odebrecht: acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad, por supuestamente cometer los delitos de obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad, en el cual también se iniciarán acciones legales en contra del exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, y de Luz Adriana Camargo, exfuncionaria de la entidad internacional.
Pese a que en primera instancia el caso trata sobre el pago de sobornos que realizó la empresa brasileña a funcionarios y políticos de 12 países, entre los que se incluye Sinibaldi en Guatemala, esta nueva línea de investigación aborda las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la aprobación de los acuerdos de colaboración eficaz, entre quienes se señala a exoperadores de justicia.
