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El TSE accionó al día siguiente en contra del amparo y apeló ante la Corte de Constitucionalidad. Foto La Hora/Archivo

La organización civil Cristosal informó este martes 18 de octubre que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Decreto 50-2022 del Congreso sobre el estado de Calamidad emitido por el presidente Alejandro Giammattei por el paso del fenómeno hidrológico Julia en el país. Esto con el fin de que se decrete la suspensión de tres artículos de la normativa debido a la falta de transparencia en la misma.

De acuerdo a Cristosal, el estado de Calamidad vulnera la transparencia en la ejecución de Q540 millones para reparación de infraestructura estratégica, al quitar controles que impiden a la ciudadanía su ejercicio ciudadano de contraloría de fondos públicos.

Añadió que existe un abuso de potestad por parte del Congreso, así como una falta de un debido proceso de la formación de leyes, lo que vulnera el principio de debate y discusión que garantiza el buen uso de fondos públicos para restituir derechos a las poblaciones afectadas por la tormenta.

Expuso que los diputados incorporaron tres artículos al Decreto reformando una ley ordinaria, lo cual debió respetar el procedimiento de formación de ley establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

 

Por lo que, Cristosal solicitó a la alta Corte decretar la suspensión provisional de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 50-2022

MUESTRA PREOCUPACIÓN POR USO DE PODERES DE EMERGENCIA

La organización mostró preocupación por el uso sistemático de poderes de emergencia para aprobar la normativa, la cual expusieron que vulnera los principios de transparencia y abre las puertas a la corrupción, así como el uso discrecional en los fondos públicos en países de Centroamérica.

Hizo un llamado a crear políticas públicas integrales de prevención que disminuyan la vulnerabilidad de la población ante sucesos climáticos, especialmente en poblaciones históricamente afectadas por desastres naturales, que carecen de vivienda, seguridad alimentaria y viven en situación de riesgo constante.

Agregó que es fundamental atender de forma oportuna las afectaciones a la población, lo cual “no implica la vulneración de los principios de transparencia”.

“Al contrario, dada la importancia de atender eficazmente estas situaciones emergentes, la transparencia y auditoría social, son un mecanismo de garantía para la población de la buena ejecución de estos recursos”, finalizó Cristosal.

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