El Icefi señaló varias inconstitucionalidades dentro del Estado de Calamidad, así como las modificaciones realizadas por el Congreso de la República. Foto: La Hora / Congreso

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señaló varias inconstitucionalidades dentro del Estado de Calamidad en el decreto original enviado por el presidente Alejandro Giammattei, así como las modificaciones realizadas por el Congreso de la República.

La entidad insta al Congreso a corregir sus actuaciones recientes y cumplir su obligación de representar legítimamente a la ciudadanía.

Además, asegura que espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) lo pueda conocer y de confirmarse este criterio, “declararlo inconstitucional”.

Explica que el decreto gubernativo original enviado por el Ejecutivo es motivo de críticas, debido a que fue decretado en todo el territorio nacional, cuando sólo se registraron áreas afectadas en algunos departamentos por el paso de la tormenta tropical Julia.

SE DEBIÓ REEVALUAR

Agrega que el fenómeno hidrológico Julia se disipó más rápido de lo que se temía, por lo que se debió reevaluar los riesgos asociados y daños causados por su impacto y considerar la declaratoria de un estado de excepción.

Resalta que las condiciones no justifican haber limitado temporalmente los derechos constitucionales de libertad de acción, libertad de locomoción y de huelga.

 

Afirmó que la historia ha mostrado de manera reiterada que la autorización para la adquisición de bienes, servicios y suministros en general, contrataciones para inversión, ejecución y supervisión de obras, exentos de controles de la Ley de Contrataciones del Estado es una “disposición en extremo riesgosa de abusos y actos de corrupción”.

SEÑALA INCONSTITUCIONALES EN MODIFICACIONES DEL CONGRESO

El Icefi además lamentó que la alianza oficialista en el Congreso no permitió una discusión y análisis adecuado de estas críticas, sino que, en la ratificación del decreto introdujo sin la debida justificación técnica o jurídica varias alteraciones que empeoran la declaratoria del Estado de Calamidad.

Dentro de estas modificaciones, mencionó que los diputados suprimieron la limitación al derecho constitucional de tenencia y portación de armas que originalmente había declarado el Ejecutivo, pero mantuvo la limitación a los demás derechos.

AFIRMAN QUE HAY MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Añadió que modificó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del 2022, en donde adicionó un artículo con el que facultó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) a incrementar la asignación al Fondo Emergente establecido en el artículo 104, por hasta Q540 millones debilitando al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de Q3 mil 191.2 millones aprobado a través de la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica.

“Esta disposición confirma las críticas con las cuales en marzo de 2022 el Icefi y otras entidades advirtieron sobre consecuencias negativas de esta ampliación presupuestaria, incluyendo del CIV para ejecutarlas en 2022 y el riesgo de abusos, anomalías y actos de corrupción”, argumenta.

Detalló que los diputados también modificaron la referida Ley con la que se entregó Q3 mil 191.2 millones al CIV, facultando a esta cartera a reducir o readecuar su presupuesto.

 

Expone que se facultó al Ministerio de la Defensa (Mindef) para poner a disposición los saldos no ejecutados de su presupuesto vigente para 2022 que se le habían asignado para atender el Estado de Calamidad, lo cual confirma las críticas en cuanto a que las entidades del Ejecutivo carecen de la capacidad de ejecutar los presupuestos en los estados de excepción o que estas asignaciones en realidad no son pertinentes ni necesarias.

RECHAZA MANIPULACIÓN PARA “MALVERSAR”

El comunicado de Icefi asegura que además del carácter antitécnico desde el punto de vista administrativo presupuestario de las medidas, las disposiciones sobre el presupuesto del CIV pueden ser inconstitucionales, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó las reformas a la legislación ordinaria incluidas en los decretos con los que se ratifican los estados de excepción.

“Puesto que este decreto no está sujeto a sanción del Ejecutivo y, por lo tanto, el Presidente de la República no lo puede vetar, el Icefi espera que la CC lo pueda conocer y de confirmarse este criterio, declararlo inconstitucional”, menciona.

Puntualizó que se suma a las voces ciudadanas que rechazan la manipulación de los Estados de Excepción con la finalidad de malversar el presupuesto público o relajar los controles anticorrupción y de transparencia.

Finalizó instando al Congreso a corregir sus actuaciones recientes y cumplir su obligación de representar legítimamente a la ciudadanía, permitiendo la discusión abierta, inclusiva y transparente de las iniciativas de ley que conoce, previo a aprobarlas.

EL ESTADO DE CALAMIDAD

El Presidente publicó el pasado 11 de octubre el Decreto Gubernativo 5-2022, con el cual decretó un Estado de Calamidad por 30 días en todo el territorio nacional por los efectos provocados por el paso del fenómeno hidrológico Julia, lo cual fue ratificado por el Congreso con 110 votos.

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