Los diputados oficialistas, afines al presidente Alejandro Giammattei, buscan aprobar la iniciativa 6068 con el propósito de reformar la Ley del Presupuesto General para permitir que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), utilicen el próximo año los fondos no ejecutados en este 2022. Sin embargo, en opinión de tres analistas consultados, esos fondos deben ir al fondo común para evitar ser mal utilizados o que se conviertan en una “piñata” durante el proceso electoral.
El bloque oficialista logró la inclusión de la iniciativa para ser conocida en la sesión extraordinaria de este 1 de junio en su tercer debate y redacción final, aunque su inicio se había atrasado al no completarse el quórum.
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El proyecto de reforma al decreto 16-2021 fue presentado por el presidente de la Comisión de Finanzas, el oficialista de Vamos, Cándido Leal, así como la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, busca la derogación del último párrafo del artículo 41 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
Dicha normativa señala que “aquellos proyectos que los Consejos Departamentales de Desarrollo tengan saldos en la Cuenta Única del Tesoro y no hayan sido desembolsados los pagos correspondientes a las Unidades Ejecutoras, previo a que el Ministerio de Finanzas Públicas realice desembolsos a los mismos, deberá utilizar dichos saldos”.
En este sentido, con la derogación, los Codedes podrán usar los fondos no utilizados el próximo año, sin ser trasladados al Ejecutivo para ser incluidos en un fondo común.
GIAMMATTEI HA AUMENTADO PODER EN MUNICIPALIDADES
La iniciativa surge cuando el presidente Giammattei ha aumentado su poder dentro de las municipalidades a nivel nacional.
En enero pasado, el mandatario influyó para que el alcalde de El Jícaro, El Progreso, José Francisco Mejía, fuera electo presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) en el periodo 2022-2024, tras convencer al candidato oponente a retirarse de la elección.
Asimismo, Mejía recompensó con la Orden Manuel Colom Argueta al presidente, quien prometió un edificio para la ANAM, así como solicitar al Congreso de la República la aprobación de fondos para las municipalidades y Codedes.
También durante la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) 2022, un analista comentó a La Hora las intenciones del mandatario sobre las alcaldías del país.
“Se les han asignado más fondos, están bien servidos con sus obras; esto como resultado de una alianza estratégica entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. Son acuerdos orientados a consolidar una fuerza política en torno al partido de gobierno en donde se sabe que los alcaldes tienen una incidencia clave en la elección presidencial”, declaró el analista que solicitó no ser citado en dicha ocasión.
En este contexto, Giammattei busca consolidar su poder a nivel nacional para las próximas elecciones, por lo que la aprobación de la iniciativa 6068 será una recompensa para los alcaldes y que estos den reciprocidad durante la campaña electoral de 2023 a favor del oficialismo.
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Hemos publicado la actitud del Mineduc de esconder los resultados de las pruebas hechas para medir el rendimiento escolar y eso tiene una explicación. Vamos como el cangrejo y eso no le conviene a un gobierno como el de Giammattei.https://t.co/IQoeMAdzPm— Diario La Hora (@lahoragt) June 1, 2022
ROSAL: SERVIRÁ DE “PIÑATA”
El analista político independiente Renzo Rosal calificó la iniciativa de “perjudicial”, debido a que en los últimos meses el Congreso ha aprobado recursos, en los que se incluye a los Consejos de Desarrollo y a las municipalidades.
“En principio, técnicamente no está mal, pero siendo un año electoral, obviamente se corre un altísimo riesgo de que ese dinero sea precisamente para efectos electorales”, afirmó Rosal.
Rosal agregó que la iniciativa le parecía para seguir haciendo “chinchilete” y una “piñata” con los recursos públicos.
“Recordemos que el Congreso de la República ha aprobado en meses recientes un montón de readecuaciones presupuestarias que ya son de varios miles de millones de quetzales y aumentar más recursos, insisto, es aumentar la piñata”, enfatizó.
Así mismo, explicó que históricamente los Codedes tienen problemas para el uso de los fondos públicos. “Los montos que dejan cada año sin ejecutar son bastantes, entonces estamos hablando no de poca cantidad”, advirtió.
De acuerdo con el analista, los Consejos alcanzan un nivel de ejecución del 60%, por lo que el monto que podrían utilizar sería de alrededor de Q800 mil a Q1 mil millones en el año electoral.
“Entonces si estuviera otro contexto en donde estos recursos fueran realmente para fortalecer la inversión pública territorial, de mil amores, lamentablemente nuestro país no está ahorita en esas condiciones y ese dinero lo que implica es aumentar la piñata”, sostuvo Rosal.
FLORES: CONTRAVIENE CON LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO
Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), enfatizó en que existe una “pésima técnica legislativa” en la redacción de la iniciativa 6068, así como en la parte de los considerandos.
Afirmó que la Ley Anual del Presupuesto no debe contravenir lo que se establece en la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley Anual. La analista explicó que con la reforma buscan implementar un funcionamiento a la cuenta única del Tesoro, lo que está estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto.
“Además, de la mesa técnica legislativa hay poca comprensión de cómo funciona el sistema financiero presupuestario nacional. Los diputados deberían consultar la Ley Orgánica del Presupuesto para darle la administración al fondo común, a la cuenta del tesoro del 2022, así como lo requiere la Ley Orgánica del Presupuesto”, detalló.
“Básicamente ahí se establece que la ejecución de los fondos que están en la cuenta única del tesoro responde y se ejecuta de manera presupuestaria, es decir responden a la dinámica del presupuesto”, resaltó con énfasis que es de carácter anual.
Flores precisó en que si los Codedes tenían problemas en el desembolso se debía a una mala planificación de los proyectos.
“Es tapar el sol con un dedo, quieren arreglar un problema estructural de fondo, que es de gestión y administración de proyectos mediante la ejecución con modificaciones, con medicaciones “güizaches”, contraviniendo los principios que están establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto”, explicó.
Además, resaltó que cuando dichas prácticas no se cumplen y se dan modificaciones basadas en “antojos”, debido a que la misma iniciativa no presenta la razón para su modificación, se agravan los problemas de transparencia, calidad de ejecución, control y rendición de cuentas que deben existir en el sistema presupuestario y financiero nacional.
“Eso repercute en las evaluaciones financieras en las que es y de las cuales dependen ventajas como calificaciones de riesgo y apertura para deuda, entre otras”, sostuvo.
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ORTÍZ SEÑALA QUE DEBEN DE IR A UN FONDO COMÚN
Édgar Ortíz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo comentó que esto era “mala idea”, debido a que actualmente se efectúan pagos en subsidios.
“Lo normal es que este dinero vaya a un fondo común y desde ahí se puede utilizar para otras cosas, pero en el momento que ellos autorizan que se arrastre a 2023, ya le están dando un destino específico”, comentó.
“Entonces si el dinero sobrara a raudales, yo le diría bueno, se puede hacer un planteamiento como ese, viendo que el presupuesto actual es el más alto de la historia de Guatemala en términos relativos, no solo absolutos, no sería un clima muy favorable para las finanzas mundiales”, agregó.
Sobre la utilización de esos recursos para una posible campaña electoral el próximo año, Ortíz indicó que los alcaldes buscan inaugurar obras y demás proyectos por lo cual “es un incentivo perverso”.
