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Momento en que cajas electorales son secuestradas por el personal del Ministerio Público de las instalaciones del órgano electoral. Foto: José Orozco / La Hora.

Tras los allanamientos y secuestro de las actas electorales número 4 y 8 de la votación general de la primera vuelta electoral que el Ministerio Público realizó en la sede del Tribunal Supremo Electoral, la institución declaró que la acción no «vulnera la custodia del voto», ya que las elecciones ya han finalizado y los resultados han sido oficializados en actas.

Por medio de un comunicado, el ente investigador señaló que las acciones ejecutadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche, no violan las leyes Constitucionales de Guatemala. Puesto que sus acciones se basan en el artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) donde «establece que los aspectos de delitos o faltas se resolverán conforme al Código Penal».

Asimismo, expresó que sus acciones se ven respaldadas en el artículo 187 del Código Procesal Penal, donde se establece que mediante de una orden de judicial, el ente a cargo de la investigación criminal podrá efectuar «allanamientos» y en caso de ser necesario, «se procederá al secuestro de indicios», lo que para Curruchiche representan las actas electorales.

MP SEÑALA A FREDY ORELLANA COMO AUTOR

El Ministerio Público aludió que los allanamientos desarrollados en el TSE, fueron ordenados por el juez Séptimo Penal de Guatemala, Fredy Orellana, mismo que autorizó los allanamientos en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) a principios de septiembre donde incluso se contaron votos.

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche señaló a los medios de comunicación el pasado 29 de septiembre, que estas diligencias eran en seguimiento a los allanamientos en el COPE y autorizadas por el mismo juez.

El MP resaltó que pese a los intentos de obstaculizar las diligencias de secuestro de evidencia por parte de los magistrados del TSE, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera, Mynor Custodio, Marlon Barahona y del personal del ente electoral se logró finalizar con el proceso.

Las acciones de los magistrados por defender la custodia del voto ciudadano emitida en las urnas, según el MP, vulnera la reserva del caso, misma que está regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal.

MP: SEÑALAMIENTOS DE VULNERACIÓN DE VOTO NO ES REAL

El ente encargado de la investigación señaló que las declaraciones de los magistrados y de otras autoridades nacionales e internacionales que aluden que las acciones de la FECI vulneran el voto ciudadano, son erróneas, ya que estas están fundamentadas bajo la Ley Penal y en la Constitución Política de la República.

Junto a esto, detalló que las elecciones ya han finalizado y los resultados constan en el acuerdo respectivo que oficializa los resultados, el cual se hizo público el pasado 28 de agosto por parte del TSE y la oficialización de las actas de resultados, por lo que “asegurar que se vulnera la custodia del voto es una afirmación que se aleja de la realidad”.

 

INVESTIGACIÓN NO VA A PARTIDOS POLÍTICOS

Otro de los puntos que destacó el comunicado es que la investigación que la FECI desarrolla, “no tiene como objeto investigaciones contra un partido político”, como lo señalan los magistrados del TSE, por lo que hizo un llamado a diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano electos a no creer en las declaraciones del ente electoral.

Esto como respuesta al llamado que el pleno de magistrados del TSE hizo el pasado 29 de septiembre a los ahora electos para unirse a la lucha por la protección de la democracia.

INVESTIGACIONES BUSCAN EL RESPETO A LAS VÍCTIMAS

Por último, el comunicado señala que el Ministerio Público está “obligado a continuar con las investigaciones de las denuncias puestas en conocimiento y su actuar se apega a la ley y a la Constitución Política de la República”, esto para garantizar el respeto a las víctimas que denunciaron las ilegalidades en el proceso, así como afianzar la democracia, el debido proceso y el Estado de Derecho

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