El antejuicio contra el diputado Allan Rodríguez fue conocido y rechazado en cuestión de minutos, antes de que 4 de los 13 magistrados titulares se incorporaran al pleno. La secuencia que deja el acta 24-2026 permite reconstruir cómo la Corte decidió el caso del jefe de la bancada de Vamos de forma exprés. Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema y apadrinada por el congresista, habría operado para llevar el expediente al pleno y resolverlo bajo esa integración.
A las 9:05 de la mañana del 22 de abril pasado, Claudia Paredes abrió la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Tres minutos después, a las 9:08, se incorporó el magistrado Carlos Lucero. Para entonces, el pleno ya había conocido y decidido rechazar el antejuicio contra Allan Rodríguez, un expediente que podía abrir la puerta a una investigación penal contra el jefe de bancada de Vamos por un posible entramado de corrupción en el Fondo para la Vivienda Popular (Fopavi).
La importancia de Lucero no está simplemente en que no haya firmado la resolución. Lo determinante es que el acta establece la hora en que llegó al pleno y la resolución no lleva su firma. Esa combinación permite fijar un límite: el antejuicio ya había sido conocido, discutido y decidido cuando el magistrado se incorporó, es decir, dentro de los primeros tres minutos de la sesión.
La resolución se formalizó por quienes sí la firmaron. Entre ellos Paredes y otros ocho magistrados titulares, además de cuatro presidentes de salas de Apelaciones incorporados para integrar el pleno con un total de 13 togados.
Los otros dos titulares que tampoco firmaron —Flor de María Gálvez Barrios y Estuardo Adolfo Cárdenas— son importantes por otra razón. Los tres, junto con Lucero, forman parte del sector de magistrados de la Corte que ha cuestionado prácticas del bloque dominante y ha reclamado mayor transparencia en el funcionamiento del máximo tribunal.
Pero mientras sus ausencias de la firma muestran quiénes quedaron fuera de aquella decisión, la incorporación de Lucero a las 9:08 es la que permite saber cuán rápido fue resuelto el expediente.
Tres fuentes de la Secretaría de la Corte Suprema consultadas para este reportaje —y quienes pidieron total anonimato para evitar represalias— sostienen que aquella velocidad no fue casual. Según sus testimonios, Claudia Paredes impulsó que el antejuicio de Rodríguez llegara al pleno y fuera resuelto antes de que se incorporaran determinados magistrados titulares.
El resultado benefició a Allan Rodríguez, uno de los políticos que, según un reportaje de La Hora, es el principal padrino político de Paredes y quién movió los votos en el Congreso para que resultara reelecta como magistrada de la Corte Suprema en 2024.
Rodríguez conservó su inmunidad. Y el antejuicio que pretendía abrir la puerta a una investigación del Ministerio Público (MP), que entonces dirigía Consuelo Porras, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito quedó rechazado.
EL CASO AL QUE LE “TEMÍA” RODRÍGUEZ
El expediente que llegó a la Corte surgió luego que el 4 de julio de 2025, los diputados de Raíces Samuel Pérez, Andrea Villagrán, Román Castellanos y Byron Obregón presentaron una denuncia contra Víctor Hugo Cuevas Donado y varias empresas relacionadas con proyectos de Fondo para la Vivienda Popular (Fopavi) por los posibles delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito y cualquier otro delito que pudiera derivarse de la investigación.
En el mismo expediente plantearon que se investigara a Allan Rodríguez, quien por su condición de diputado estaba protegido por antejuicio, un fuero que no permite al MP iniciar una investigación penal hasta que una autoridad competente, en este caso la Corte Suprema, esté de acuerdo ante los hechos denunciados.
Según la denuncia a la que tuvo acceso La Hora, existía una presunta estructura para obtener recursos públicos provenientes del Fopavi mediante empresas constructoras, operadores políticos y personas con capacidad de presión dentro de la institución. El documento identificaba a Cuevas Donado como uno de esos operadores y señalaba que ejercía presión sobre autoridades y trabajadores de Fopavi para agilizar trámites y pagos.
Los diputados incorporaron información sobre empresas vinculadas con personas relacionadas con Daniel Chavajay Herrera, fallecido exalcalde de San Juan La Laguna, Sololá, a quien identificaban como cercano a Rodríguez. También incluyeron datos entregados por Fopavi sobre empresas, proyectos y desembolsos realizados mediante el fideicomiso.
El objetivo del antejuicio era precisamente que esos hechos pudieran ser investigados. Los diputados solicitaron al MP de Consuelo Porras rastrear el dinero que había salido de las arcas del Estado hacia las empresas denunciadas y determinar si parte de esos recursos había terminado beneficiando a Rodríguez o al partido Vamos. También plantearon tomar declaraciones de personas que, según la denuncia, conocían las presiones ejercidas dentro de Fopavi.
La premura para sacar el antejuicio también tenía otra dimensión política: el relevo en el MP. Para Rodríguez era relevante quién asumiría la Fiscalía General una vez concluido el mandato de Porras, pues un nuevo fiscal tendría en sus manos la posibilidad de reabrir o profundizar investigaciones que durante esa administración quedaron archivadas, cerradas o fueron impulsadas contra actores considerados incómodos.
Ese expediente era el que el diputado necesitaba evitar que avanzara. “Allan Rodríguez sí que le temía a ese antejuicio”, subraya un personero de la Cámara de Amparos y Antejuicios entrevistado.
Finalmente, el presidente Bernardo Arévalo designó a Gabriel García Luna, quien asumió el cargo en mayo pasado y ha comenzado a revisar actuaciones de la gestión anterior, en un MP que heredó expedientes que no avanzaron durante años y otros en los que existen cuestionamientos sobre el uso político de la persecución penal.
MESES SIN LLEGAR AL PLENO
El antejuicio pasó meses dentro de la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte antes de ser conocido por el pleno. Un reportaje de La Hora reveló cómo antejuicios permanecían retenidos en manos del magistrado Ramiro Contreras —presidente de esa Cámara— para ser utilizados como instrumentos de negociación política.
El cambio se produjo en abril, dos meses después de que Paredes asumiera la Presidencia de la Corte Suprema. Fue entonces cuando el expediente contra Rodríguez llegó finalmente al pleno.
Las fuentes consultadas aseguran que, antes de llegar a esa instancia, la Cámara de Amparo y Antejuicio había pedido retirar los expedientes de discusión para analizarlos con mayor tiempo. La solicitud fue atendida. Después, según esas mismas fuentes, la presión para llevarlos al pleno provino de Paredes.
La magistrada tenía entonces una posición sensible. Además de presidir la Corte Suprema, encabezaba la Comisión de Postulación para Fiscal General, encargada de elaborar la nómina de candidatos para suceder a Consuelo Porras.
El 22 de abril, la Corte no solo blindó a Rodríguez. También rechazó otro antejuicio contra Allan Rodriguez presentado por la diputada Sonia Gutiérrez por supuestas amenazas y discriminacion y dos contra Porras.
PADRINO DE PAREDES
La relación entre Paredes y Rodríguez es una pieza central para entender por qué importa.
Un reportaje de La Hora señala a Rodríguez como el principal padrino político de Paredes desde sus primeras aspiraciones judiciales y que ambos mantienen una comunicación constante. Las mismas fuentes de la Secretaría de la Corte Suprema aseguran que, incluso, recibe órdenes del diputado desde su celular cuando está en el pleno.
El respaldo de Rodriguez fue relevante en los dos procesos legislativos que consolidaron la carrera de la magistrada: en 2023 obtuvo 112 votos para completar un período parcial y en 2024 alcanzó 154 votos para el período 2024-2029. En ambos procesos, Vamos estuvo entre las bancadas que respaldaron su elección.
Diputados consultados describen además un canal abierto entre Rodríguez y Paredes, así como una relación que le permitió ganar respaldo político dentro del bloque dominante de la CSJ.
Cuando el antejuicio de Fopavi llegó a la Corte, Rodríguez pasó de ser el político que había respaldado la carrera de Paredes al funcionario cuya inmunidad debía decidir el tribunal que ella presidía.
LOS CUATRO SUPLENTES
El acta 24-2026 es la pieza que permite reconstruir aquella mañana. El documento establece que la sesión comenzó a las 9:05 con Paredes como presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema.
El pleno inició con ocho magistrados titulares y, además, cuatro presidentes de salas de Apelaciones como suplentes: Rafael Morales Solares, Horacio Enríquez Sánchez, Fernando Manolo Rodas de León y Miriam Regina Brolo Salazar de Córdova.
El acta resalta que el pleno fue integrado de esta forma por impedimentos, excusas o recusaciones de los otros cuatro magistrados titulares.
El rechazo de retirar la inmunidad a Rodriguez fue firmada por Paredes, René Girón Palacios, Carlos Contreras Valenzuela, Igmaín Galicia Pimentel, Teódulo Cifuentes Maldonado, Luis Corado Campos, Clemen Juárez Midence, Gustavo Morales Duarte y Jenny Alvarado Teni.
También fue firmada por los cuatro presidentes de salas de Apelaciones que integraron el pleno. Entre ellos estaba Rodas de León, quien fue quinto viceministro de Gobernación durante el gobierno de Alejandro Giammattei, quien llegó al poder con el partido Vamos —al igual que Rodriguez— en 2020.
Los cuatro magistrados titulares que no suscribieron la resolución fueron Lucero, Gálvez, García Villatoro y Cárdenas. Pero es Lucero quien permite reconstruir la velocidad de la operación.
El acta registra que se incorporó a las 9:08. Su llegada se produjo apenas tres minutos después de abierto el pleno y, sin embargo, para ese momento el antejuicio contra Rodríguez ya había sido conocido y rechazado. Como Lucero no firmó la resolución, su incorporación posterior permite establecer que la discusión y decisión del expediente ocurrieron antes de que él llegara.
No es posible afirmar a partir del acta el minuto exacto en que se libró al diputado. Lo que sí permite establecer el documento, al cruzar la hora de inicio de la sesión con la hora de incorporación de Lucero y la ausencia de su firma, es que la Corte tuvo que entrar a conocer, deliberar y decidir el rechazo del antejuicio dentro de esa ventana de tiempo.
Para un expediente que llevaba meses sin llegar al pleno y que planteaba que el MP investigara posibles delitos relacionados con fondos públicos, la velocidad resulta extraordinaria.
Fuentes que conocen el funcionamiento interno de la Corte aseguran que la explicación está en la decisión de Paredes de sacar el expediente antes de que se incorporaran otros magistrados.
EL RECLAMO DE CÁRDENAS
La secuencia encuentra un segundo punto de apoyo en la razón que el magistrado Estuardo Cárdenas dejó estampada en el acta.
El magistrado negó que estuviera “temporalmente ausente”, como se consignó inicialmente. Explicó al pie de su firma que al comienzo de la sesión atendía otros asuntos propios de su función jurisdiccional y administrativa y que posteriormente se incorporó.
“No es cierto que me encontraba ‘temporalmente ausente’ para no integrar el Pleno de la Corte Suprema en la sesión ordinaria documentada mediante esta acta como se hace constar en el inicio”, inicia en su razón.
Cárdenas fue todavía más preciso, y según el documento, aseguró que nunca planteó impedimento o excusa, que no existía una recusación en su contra y que, pese a ello, el pleno utilizó a un magistrado suplente para sustituirlo. Consideró que esa forma de integración no correspondía con los “supuestos legales” que permiten una suplencia en asuntos jurisdiccionales.
Su observación resulta relevante porque no cuestiona el resultado del antejuicio, sino la forma en que se constituyó el tribunal que lo resolvió.
Y permite leer de otra manera la ausencia de las firmas de Lucero, Gálvez y García Villatoro. No se trató únicamente de cuatro magistrados que no suscribieron una resolución. Dos de ellos, junto con Cárdenas, forman parte del grupo que ha mantenido una posición crítica frente a la conducción del bloque dominante de la Corte.
CORTE JUSTIFICÓ SOBRE PUBLICACIONES DE X
La Corte Suprema no decidió que Rodríguez fuera inocente. Tampoco ordenó investigar los hechos. El máximo tribunal de justicia «rechazó el antejuicio in limine». Así lo informó el Organismo Judicial, aquella tarde del 22 de abril, por medio de su cuenta de X.
Según la resolución, los diputados no podían acreditar personalmente varios de los hechos denunciados y los magistrados justificaron que parte de la información provenía de publicaciones de medios de comunicación.
El tribunal consideró además que varias de las conductas señaladas eran atribuibles a terceras personas y que no existía una investigación previa y seria que permitiera vincular directamente al diputado con un posible delito.
La Corte resolvió también que los denunciantes no habían aportado elementos suficientes de razonabilidad y que existían motivaciones “espurias y políticas” en el planteamiento del antejuicio. Entre los argumentos utilizados estuvo el hecho de que los denunciantes y Rodríguez eran diputados con posiciones políticas contrapuestas.
La defensa de Rodríguez había presentado 38 capturas de publicaciones en X de los cuatro diputados denunciantes: 17 de Samuel Pérez, 6 de Andrea Villagrán, 14 de Román Castellanos y una de Byron Obregón.
Con esos argumentos, la Corte consideró que el antejuicio no debía siquiera admitirse a trámite.
La consecuencia fue concreta. El MP de la administración de Porras no pudo avanzar, a partir del rechazo a ese antejuicio. Con la llegada de García Luna al MP, las actuaciones de la administración anterior pueden ser revisadas y, si de esa revisión surgen nuevos elementos, la Fiscalía podría promover un nuevo antejuicio contra Rodríguez y solicitar otra vez que se retire su inmunidad.
SIN RESPUESTA DE PAREDES Y RODRÍGUEZ
La Hora buscó la versión de Paredes a través de la Secretaría de Comunicación Social del Organismo Judicial. A la presidenta de la Corte se le remitieron cinco preguntas sobre su intervención en el trámite del antejuicio contra su padrino, la integración del pleno del 22 de abril, la incorporación posterior de magistrados titulares y la relación que mantiene con el diputado. Al cierre de este reportaje, no había respondido.
También se buscó la versión de Rodríguez mediante el número de WhatsApp utilizado para contactar al diputado. Se le informó sobre el contenido del reportaje y se le trasladaron cinco preguntas, entre ellas si conocía de antemano que su antejuicio sería conocido ese día, si habló con Paredes antes de la sesión, si gestionó su inclusión en el pleno y si teme que el MP de García Luna revise nuevamente el caso. Rodríguez tampoco respondió a la solicitud de La Hora al cierre de esta publicación.
