Hay fechas que en Guatemala adquieren una importancia que no aparece en el calendario. El próximo 13 de octubre es una de ellas. Ese día terminarán, prácticamente al mismo tiempo, tres ciclos en instituciones que ocupan lugares distintos dentro del Estado, pero que concentran una parte relevante de las decisiones sobre dinero público, justicia y migración.
En la Contraloría General de Cuentas terminará el periodo de Frank Bode Fuentes y deberá asumir el funcionario que el Congreso elija para los próximos cuatro años. En la Corte Suprema de Justicia concluirá la presidencia de Claudia Paredes y los 13 magistrados tendrán que haber decidido quién conducirá el Organismo Judicial durante el siguiente año. Y en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) terminarán los mandatos del secretario, Raúl Berríos, y del subsecretario, Julio Lainfiesta.
Los tres procesos avanzan por separado, con reglas y actores diferentes. Pero desembocan en la misma fecha: el 13 de octubre.
AVANZA ELECCIÓN DE CONTRALOR
En el caso de la Contraloría, la decisión ya está en manos del Congreso. La Comisión de Postulación terminó el domingo 20 de septiembre la selección de los seis candidatos que integran la nómina final y la trasladó al Legislativo. Los diputados deberán escoger a uno de ellos para dirigir el órgano fiscalizador durante el periodo 2026-2030.
La elección está prevista para los primeros días de octubre, el 6 o el 8, según anunció el presidente del Congreso, Luis Contreras. La fecha no es casual: el nuevo contralor deberá asumir el 13 de octubre.
Los seis candidatos llegan al tramo definitivo después de cuatro rondas de votación en la Comisión de Postulación. La lista está integrada por Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Elfego Odair Castañón González, Óscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales. Algunos han desarrollado buena parte de su carrera dentro de la propia Contraloría; otros proceden de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Ahora comienza otra parte de la disputa: la que se libra entre los diputados.
El presidente del Congreso ha dicho que los candidatos podrán acercarse a los bloques para presentar sus planes de trabajo antes de la votación. La elección requiere al menos 81 votos. La nómina, por tanto, deja de ser una decisión de la comisión de postulación y pasa a convertirse en una negociación eminentemente parlamentaria.
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA
La Corte Suprema transita por un camino distinto, aunque la fecha de llegada es la misma.
Claudia Paredes asumió la Presidencia del Organismo Judicial en febrero de este año, después de que los magistrados pasaran cuatro meses sin conseguir un acuerdo para sustituir al presidente anterior. Su período terminará el 13 de octubre, apenas ocho meses después de haber comenzado, pero que no puede alargarse por mandato constitucional.
La elección de su sucesor se perfila como otra negociación dentro de un pleno acostumbrado a los acuerdos difíciles. Entre los nombres que han comenzado a circular aparecen Jenni Alvarado Teni, Mauricio Corado, Clemen Vanessa Juárez y Carlos Rodimiro Lucero. Los tres primeros forman parte del bloque dominante de la Corte; Lucero ha ocupado la Presidencia de manera interina y ha intentado alcanzar el cargo en procesos anteriores.
El precedente inmediato no invita a pensar en una sucesión sencilla. En octubre de 2025, los magistrados llegaron al final del periodo sin elegir presidente y fue Lucero, como vocal I, quien asumió temporalmente las funciones. No fue hasta febrero de este año cuando Paredes obtuvo los votos necesarios para ocupar formalmente la Presidencia.
Esta vez hay algo más en juego que la administración interna de los tribunales. Quien presida el Organismo Judicial entre 2026 y 2027 estará al frente de la Corte durante un año en el que Guatemala entrará de lleno en el proceso electoral de 2027. La propia elección presidencial de la Corte Suprema, por eso, se ha convertido en una pieza que distintos sectores observan más allá de las paredes de la Torre de Tribunales.
CONAMIGUA COMPLETA EL TRIÁNGULO
La institución encargada de atender los asuntos relacionados con los migrantes guatemaltecos deberá estrenar secretario y subsecretario antes del 13 de octubre. La Comisión de Migrantes del Congreso abrió en septiembre el proceso para recibir los expedientes y debe elaborar una nómina de cinco candidatos que será trasladada al pleno. Los diputados elegirán de allí a las dos personas que ocuparán los cargos durante tres años.
Los aspirantes deben acreditar, entre otros requisitos, al menos tres años de experiencia en asuntos migratorios y demostrar méritos, capacidad y honradez. También deben presentar una constancia de la Contraloría y acreditar que no han sido condenados por delitos graves o de corrupción.
La renovación de Conamigua ocurre, además, mientras la migración sigue siendo uno de los asuntos que más conecta la política guatemalteca con su población fuera del país. Las remesas, las deportaciones y las condiciones de los guatemaltecos en Estados Unidos han convertido la política migratoria en un asunto que desborda desde hace tiempo las competencias formales de una institución creada para atender a los connacionales en el extranjero.
Así, mientras septiembre termina con las candidaturas todavía abiertas y las negociaciones en marcha, octubre se presenta como un mes de relevos.
El Congreso deberá resolver quién vigilará las cuentas del Estado durante los próximos cuatro años y quiénes conducirán Conamigua durante los siguientes tres. En la Corte Suprema, los magistrados tendrán que ponerse de acuerdo sobre quién ocupará durante un año la Presidencia del Organismo Judicial.
Son tres procesos distintos. Pero el calendario los ha colocado frente a la misma puerta.
