La llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público (MP) mantiene abierto un nuevo capítulo después de ocho años de Consuelo Porras. Pero las primeras investigaciones contra figuras de esa administración muestran que cambiar la Fiscalía puede no ser suficiente: el nuevo fiscal general tendrá que enfrentarse a un sistema judicial donde todavía permanecen jueces y magistrados que actuaron durante el periodo más cuestionado del MP.
Los casos de Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez son una primera señal.
La jueza de Diligencias Urgentes María Benilda Sandoval Valdez rechazó las órdenes de captura solicitadas contra ambos exfiscales. En el caso de Curruchiche autorizó inicialmente un allanamiento y su citación a primera declaración, pero el juez Fredy Orellana dejó posteriormente sin efecto ambas medidas.
Sánchez, por su parte, debía comparecer esta semana ante un juzgado de Sacatepéquez por una investigación relacionada con presuntos allanamientos ilegales. La audiencia fue reprogramada para el 8 de diciembre por la jueza Melida Vásquez de Orellana.
Las decisiones no cierran las investigaciones, pero sí muestran el terreno en el que tendrá que moverse el MP de García Luna: una Fiscalía que intenta revisar actuaciones de la administración anterior mientras los tribunales continúan en manos de estructuras formadas durante ese mismo periodo.
“Sí, el MP se va a enfrentar a esta dictadura de cooptación judicial”, sostiene Javier Urízar, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos. Pero considera que el obstáculo judicial no puede convertirse en una excusa para que la Fiscalía deje de actuar.
Urízar cree que García Luna tiene margen para demostrar que el cambio anunciado es real. Si un juez mantiene una medida de criminalización que el MP considera injustificada, la Fiscalía puede recurrirla o solicitar su modificación. Incluso puede pedir la desestimación de investigaciones que considere sin sustento.
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La diferencia, dice, está en que el MP no se limite a acatar las decisiones judiciales, sino que deje clara su posición.
“Es muy distinto que un juez ordene criminalización y que el MP se quede callado a que el juez ordene criminalización y que el MP diga: ‘Nosotros no encontramos pruebas para sustentar esto’”, señala.
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Para Hugo Mangione, abogado y coordinador del Programa Centroamérica y el Caribe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el problema es más profundo.
La impunidad durante los ocho años de Porras, sostiene, no dependió únicamente del MP. También necesitó de la actuación de determinados jueces y magistrados.
“La impunidad construida durante los ocho años de gestión de Consuelo Porras no fue únicamente el resultado de las decisiones adoptadas dentro del Ministerio Público. También necesitó de la connivencia de determinados jueces y magistrados”, afirma.
Mangione considera que la renovación del sistema judicial debe alcanzar incluso cuestiones aparentemente administrativas, como la asignación de casos y la suspensión de audiencias. Un sistema opaco, advierte, puede hacer que expedientes sensibles terminen repetidamente en determinados juzgados; mientras que la demora de las audiencias puede convertirse en una forma de prolongar la impunidad.
Por ello, considera necesario fortalecer los mecanismos disciplinarios y separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
“El desafío del nuevo MP será, por lo tanto, litigar estratégicamente frente a un sistema judicial que conserva estructuras vinculadas con un ciclo anterior. Y mientras la gestión judicial no sea revisada, la renovación del MP seguirá encontrando un límite dentro del propio sistema.”, sostiene.
IMPUNIDAD QUE EMPODERÓ A ACTORES CUESTIONADOS
La exfiscal general Claudia Paz y Paz plantea una solución todavía más directa. Los jueces que participaron en procesos de criminalización, considera, no deberían continuar conociendo esos expedientes.
“Hay jueces que fueron parte del engranaje de la criminalización”, afirma.
A su juicio, la Corte Suprema de Justicia debería encontrar mecanismos para que otros jueces independientes conozcan esos casos. La discusión, añade, también debe alcanzar a las salas de apelaciones y a las altas cortes.
El problema así se circunscribe en jueces que, pese a los señalamientos acumulados sobre su actuación, permanecen en sus cargos sin que se conozcan procesos disciplinarios que hayan avanzado en su contra en la Junta de Disciplina Judicial.
Entre ellos están los togados sancionados como Fredy Orellana, Víctor Cruz y Jimi Bremer, entre otros. En ese escenario se encuentra la actual Corte Suprema de Justicia, presidida por Claudia Paredes, señalada de operar mediante un bloque dominante que ha sido cuestionado por decisiones sobre nombramientos y por resoluciones que han favorecido a actores políticos.
Para el abogado penalista José Barrios, el reto alcanza a todos los sujetos procesales y, especialmente, a un sistema judicial que debe cumplir los plazos establecidos por la ley. A su juicio, las denuncias contra jueces deben ser tomadas con seriedad tanto por la Junta de Disciplina Judicial como por el propio sistema penal cuando existan posibles responsabilidades.
Barrios también advierte que la falta de consecuencias por los retrasos judiciales puede terminar haciendo ineficaces los mecanismos. Una recusación puede tardar meses o años en resolverse y, cuando finalmente llega una respuesta, el juez cuestionado puede haber sido trasladado, dejado el cargo o cambiado de judicatura. “El principal reto, no del MP, sino del sistema de justicia en general, es cumplir con los plazos”, sostiene.
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Si una recusación, una denuncia disciplinaria o un recurso tarda cuatro o seis años en resolverse, la medida que se pretendía obtener puede haber perdido sentido. “Hasta que no tengan consecuencia” los incumplimientos de los plazos por parte de jueces y magistrados, considera Barrios, será difícil enderezar el funcionamiento del sistema de justicia.
GARCÍA LUNA ADVIRTIÓ DEL PROBLEMA
La paradoja es que el propio García Luna había advertido de este problema antes de que sus primeras investigaciones chocaran con los tribunales.
En una entrevista con La Hora publicada en julio, el fiscal general sostuvo que la reconstrucción del MP no sería suficiente sin cambios en el sistema de justicia. García Luna, quien pasó más de tres décadas en el Organismo Judicial como juez y magistrado, consideró necesario replantear la forma de elección de los integrantes de las altas cortes para fortalecer su independencia.
“Yo pienso que sí es necesario el replantearse la forma de elección de magistrados”, dijo.
Su diagnóstico alcanza también al trabajo de la Fiscalía. García Luna ha insistido en que las investigaciones deben llegar a los tribunales con más pruebas y análisis, de manera que los jueces tengan mejores elementos para resolver.
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Ese será ahora uno de sus principales desafíos. El nuevo fiscal general puede reorganizar el MP, revisar expedientes y cambiar la política criminal. Pero las investigaciones que surjan de esa transformación tendrán que atravesar los mismos tribunales que conocieron buena parte de los procesos impulsados durante la era Porras.
Los casos de Curruchiche y Sánchez muestran que el cambio de ciclo no dependerá únicamente de lo que García Luna haga dentro de la Fiscalía. También dependerá de lo que ocurra cuando sus investigaciones crucen la puerta de los juzgados.
