El fiscal general sostiene que la reconstrucción del Ministerio Público no será suficiente si el sistema de justicia no fortalece la independencia judicial. Tras más de tres décadas en el Organismo Judicial y ahora al frente del MP, considera que Guatemala debe discutir reformas estructurales mientras avanza en una depuración interna de la institución.
Gabriel García Luna responde sobre la necesidad de transformar la justicia desde una posición poco común. Antes de asumir la jefatura del Ministerio Público (MP), construyó toda su carrera dentro del Organismo Judicial: fue juez de paz, juez de sentencia, magistrado de Sala de Apelaciones y presidió la Junta de Disciplina Judicial. Esa trayectoria le permite opinar sobre las debilidades del sistema sin perder de vista el respeto a la independencia entre poderes del Estado, dice.
Mientras impulsa una reestructuración del MP, tras los ocho años de la administración de la exfiscal general Consuelo Porras —sancionada por 44 países por acciones consideradas corruptas y antidemocráticas—, García Luna sostiene que el país necesita abrir una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la justicia.
No plantea únicamente cambios dentro del ente investigador. Cree que también es momento de revisar el modelo bajo el cual se integran las altas cortes y se desarrolla la carrera judicial.
«Yo pienso que sí es necesario el replantearse la forma de elección de magistrados«, responde a una pregunta durante una entrevista telefónica con La Hora. A su juicio, el objetivo debe ser «darle esa independencia y que no respondan a un sistema político», porque, según explica, en muchas ocasiones los jueces y magistrados terminan condicionados por los mecanismos mediante los cuales buscan ser reelectos o promovidos dentro de la judicatura.
Su planteamiento va más allá de los procesos de elección. Considera que también podría discutirse la duración de los períodos y la posibilidad de alternar las renovaciones de las cortes, tomando como referencia experiencias de otros países donde los tribunales superiores no se integran de manera simultánea.
«No solamente la forma de elección… los períodos podrían ser en algunos casos más amplios, podría alternarse los períodos», señala. Añade que existen sistemas donde las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema no se renuevan al mismo tiempo, lo que, desde su perspectiva, contribuye a generar mayor estabilidad institucional.
El fiscal general reconoce que cualquier modificación de esa naturaleza implicaría una reforma constitucional y aclara que expone esa visión desde la experiencia acumulada durante su carrera judicial.
«Es solo una opinión desde la perspectiva de la carrera judicial, con mucho respeto a la Constitución y los tres poderes del Estado», subraya.
UNA REFORMA QUE TRASCIENDE AL MP
Las declaraciones surgen mientras el MP atraviesa uno de los procesos de reorganización más profundos de los últimos años.
Desde que asumió el cargo, García Luna ordenó la liquidación de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), destituyó a su entonces jefe, Rafael Curruchiche, y emprendió una revisión integral de los expedientes que permanecían bajo esa unidad.
El proceso concluyó con una auditoría que, según explica, permitió identificar cómo estaban distribuidos los casos, el personal y la forma en que la fiscalía desarrollaba su trabajo.
El paso en el que se encuentra el MP es en la redistribución de cada expediente conforme al delito principal, la especialización y la competencia de las distintas fiscalías.
«Se van a ir reasignando cada uno de los expedientes de acuerdo al delito principal», explica. La intención, agrega, es que las investigaciones sean asumidas por fiscales «confiables» y que cada solicitud presentada ante los tribunales responda a criterios de «objetividad e imparcialidad».
También sostiene que el traslado de los casos buscará evitar duplicidades y respetará principios como la especialización, la conexidad entre investigaciones y la eficiencia institucional.
La reorganización del MP, agrega, no se limita a la desaparición de la FECI.
Según García Luna, en los primeros 40 días de gestión ya comenzó una depuración de la estructura heredada de la administración anterior.
«En 40 días hemos logrado una primera limpieza de las personas más cercanas a la anterior administración», afirma. Explica que los cambios abarcan tanto el área administrativa como la fiscal, donde ya se registran renuncias, destituciones y movimientos de personal.
Noé Rivera, Raúl Figueroa y Cinthia Monterroso se han sumado a la lista de destituidos por García Luna. Los tres cabezas en Fiscalías clave señaladas de garantizar impunidad y criminalizar a operadores de justicia, activistas y periodistas que develaron la corrupción enquistada en el país.
¿CONFÍA EN EL PERSONAL?
Sin embargo, reconoce que el proceso todavía está lejos de concluir.
«Todavía falta una cantidad de trabajadores que deben pasar los filtros de confiabilidad y de capacidad», dice, al señalar que un fiscal general no puede desempeñar su trabajo sin confiar plenamente en quienes integran la institución.
Para García Luna, uno de los mayores daños sufridos por el MP durante los últimos años fue el deterioro de la carrera fiscal.
«La carrera fiscal para mí es muy importante; la destrozaron en los últimos años», sostiene. En ese contexto, explica que las destituciones y reorganizaciones responden precisamente a la necesidad de reconstruir ese sistema de ascensos y permanencia basado en méritos.
RECUPERAR LA CONFIANZA
El fiscal general admite que reconstruir una institución con más de 13 mil trabajadores implica «un proceso complejo».
No solo porque continúan las evaluaciones internas, sino porque, a su juicio, también es necesario modificar dinámicas de trabajo que se consolidaron durante los últimos años.
«No debe existir… es como una limpieza también mental», afirma. Según explica, algunos trabajadores «se acostumbran a hacer el trabajo en cierta línea» y han sido «sobrevivientes» de anteriores formas de dirección institucional.
Por ello, asegura que la meta no consiste únicamente en sustituir funcionarios, sino en conformar equipos integrados por personas «confiables, con ética y capacidad técnica”.
Como parte de esa estrategia, anuncia que el MP abrirá convocatorias internas para que auxiliares fiscales y otros funcionarios puedan ascender dentro de la institución, además de procesos externos dirigidos a profesionales que ya forman parte del banco de elegibles.
Todo ello, afirma, busca reconstruir gradualmente la carrera fiscal.
MEJORAR LAS INVESTIGACIONES
García Luna considera que los cambios internos deben traducirse en investigaciones con mayor sustento técnico.
Confía en que, conforme avance la reorganización institucional, las fiscalías presentarán solicitudes mejor fundamentadas ante los tribunales.
«Que cada petición tenga mucho más fundamento, con pruebas y mucho más análisis», explica. A su juicio, ello permitirá que los jueces cuenten con «mejores elementos y mejores fundamentos» para resolver las distintas etapas de los procesos penales.
No plantea esa mejora únicamente como un objetivo para el MP. Su reflexión vuelve al sistema de justicia en conjunto.
Por un lado, sostiene que el ente investigador debe elevar la calidad técnica de sus investigaciones. Por otro, considera necesario abrir un debate sobre el funcionamiento del Organismo Judicial, la carrera judicial y los mecanismos mediante los cuales se eligen quienes integran las altas cortes.
En su visión, ambas discusiones forman parte del mismo desafío: fortalecer la justicia guatemalteca desde sus dos principales instituciones.
Porque, aunque la reconstrucción del Ministerio Público ya está en marcha, García Luna sostiene que el país también debe «replantearse» aspectos estructurales del Organismo Judicial, una discusión que —reconoce— pasa inevitablemente por una eventual reforma.
