La elección de Gabriel García Luna como nuevo jefe del Ministerio Público no cerró la disputa judicial alrededor del relevo en la Fiscalía. El próximo martes 12 de mayo, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocerá varios amparos que cuestionan la integración de la nómina de candidatos y advierten riesgos sobre el proceso de designación impulsado por el presidente Bernardo Arévalo.
La agenda publicada por la Corte incluye cinco expedientes relacionados con la renovación de la jefatura del MP. Aunque Arévalo anunció el pasado 5 de mayo la designación de García Luna, las acciones pendientes mantienen abierto el pulso legal y político sobre una de las sucesiones más sensibles para el sistema de justicia guatemalteco.
Los amparos llegan al pleno en un momento de abiertas tensiones dentro de la Corte de Constitucionalidad. Desde la instalación de la nueva magistratura, a mediados de abril, el tribunal ha comenzado a mostrar una división interna marcada por dos bloques. Por un lado, la triada integrada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera ha evidenciado coincidencias e intereses comunes en distintas resoluciones.
Del otro lado se mantienen la actual presidenta del tribunal, Anabella Morfín, y la magistrada Astrid Lemus, quienes han sostenido posiciones opuestas en las primeras discusiones de la nueva integración de la Corte.
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AMPAROS QUE SERÁN CONOCIDOS
Uno de los recursos que conocerá la CC fue promovido por Raúl Amílcar Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). El amparo, planteado contra el presidente y la Comisión de Postulación, cuestiona la conformación de la nómina final de candidatos al sostener que pudieron quedar fuera aspirantes con las puntuaciones más altas. La actual fiscal general Consuelo Porras fue la nota más alta, pero quedó fuera del listado final.
Otro de los expedientes fue presentado por el diputado José Chic, quien señala posibles riesgos al principio de alternancia en el Ministerio Público de Porras.
La Corte también analizará una acción impulsada por Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la FCT. A esos recursos se suma un amparo promovido por David Alberto Juárez. Además, el pleno conocerá una acción presentada por diputados oficialistas para resguardar información y bienes del MP ante la salida de Porras.
La próxima transición en la Fiscalía marca el cierre de la administración de Porras, una gestión que durante ocho años acumuló sanciones y señalamientos internacionales por la persecución de jueces, fiscales, periodistas y operadores de justicia que investigaron corrupción de gobiernos anteriores.
Su salida abre ahora una nueva etapa para una institución debilitada por la pérdida de credibilidad y el desmantelamiento de sus principales estructuras de investigación.
