En el Ministerio Público (MP) quedan más preguntas que respuestas. Tras casi ocho años al frente de la institución, la gestión de María Consuelo Porras, sancionada por 42 países por acciones corruptas y antidemocráticas, se cierra con un inventario de expedientes de alto impacto que no avanzaron, denuncias que no se judicializaron y estructuras señaladas de corrupción que, en muchos casos, permanecen intactas.
La confirmación este martes de Bernardo Arévalo de que Gabriel García Luna asumirá el próximo 17 de mayo la dirección del MP abre una nueva etapa. Pero también instala una presión inmediata: reactivar investigaciones que, durante años, quedaron atrapadas en la inercia institucional o en decisiones que evitaron profundizar en las responsabilidades de actores políticos y económicos.
Este medio recuerda al menos una docena de casos emblemáticos —algunos revelados por instituciones del Estado y otros revelados por investigaciones periodísticas propias— que comparten un patrón persistente: anuncios sin resultados, diligencias parciales y expedientes que se diluyen en el tiempo.
Organizaciones internacionales coinciden en que la promesa de combatir la corrupción se erosionó en investigaciones que no prosperaron. Desde la compra de vacunas rusas durante la pandemia hasta complejas redes financieras que movilizaron millones de quetzales hacia el extranjero, los expedientes apuntan a un mismo denominador: la ausencia de resultados concretos.
UN PATRÓN DE INACCIÓN
El caso de Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, sintetiza esa inercia. A más de 800 días de la salida del poder del exmandatario, el MP no ha informado de investigaciones penales pese a denuncias sobre adjudicaciones millonarias irregulares a empresas vinculadas a su entorno, como Aspetro o La Botica, que concentraron contratos públicos durante su administración.
842 días en los que el MP ratifica su protección oficiosa a Miguel Martínez
La falta de avances se replica en el expediente por la compra de vacunas Sputnik V, una operación que comprometió recursos públicos en plena emergencia sanitaria y que incluyó señalamientos de posibles sobornos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche, dejó en claro semanas atrás que no solicitaría el retiro de inmunidad contra Giammattei para investigarlo.
GRANDES TRAMAS SIN DESENLACE
El caso B410, presentado como la mayor estructura de defraudación tributaria del país, también perdió impulso tras su primera captura. La red, integrada por cientos de empresas, habría evadido millones en impuestos, pero la investigación se fragmentó mientras el foco se desplazaba hacia el propio denunciante, el entonces superintendente de la SAT.
Caso B410: el estado de la investigación tras más de un año en manos del MP
En paralelo, otros expedientes evidencian un patrón similar. El proyecto del aeródromo de Puerto San José, en Escuintla —con contratos que superaron los Q600 millones y obras inconclusas— no ha derivado en acciones judiciales, pese a denuncias de posibles irregularidades y alertas de la Intendencia de Verificación Especial sobre movimientos financieros sospechosos.
Las pesquisas sobre la compra de inmuebles en Dubái, donde se habrían canalizado más de Q400 millones vinculados a contratos estatales, tampoco han sido judicializadas. El mismo destino han tenido las denuncias sobre la triangulación de Q468 millones del programa de Seguro Escolar, dispersados a través de decenas de cuentas y empresas, algunas de cartón, hacia jurisdicciones internacionales.
INFRAESTRUCTURA, SALUD Y DESESTIMACIONES
En el ámbito de salud, la investigación de La Hora por la compra de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social —con posibles sobreprecios que triplicaban el valor de mercado— quedó en fase de “análisis” sin avances públicos. En infraestructura, proyectos como la carretera de Palín, Escuintla, inaugurada sin estar terminada, tampoco han motivado acciones concretas.
Más contundente aún es el cierre del caso conocido como “Alfombra Mágica”, que señalaba al entonces presidente de haber recibido dinero en efectivo a cambio de favorecer una concesión portuaria. El MP desestimó el expediente sin profundizar en la investigación, pese a su alcance internacional.
El caso de la Alfombra no se cerró: MP no hizo mayor gestión y nunca lo “aperturaron”
Otros casos, como Eureka B410, las transferencias millonarias hacia China detectadas por la IVE o las denuncias de la Contraloría contra Walter Mazariegos, permanecen sin avances sustanciales, en una secuencia que refuerza la percepción de selectividad en la persecución penal.
El arribo de García Luna ocurre en un contexto marcado por la desconfianza institucional. Su gestión deberá enfrentar no solo la reactivación de estos expedientes, sino también la reconstrucción de la credibilidad del MP. En esos archivos —muchos aún abiertos, otros cerrados sin mayor explicación— se juega ahora una parte central del futuro de Guatemala.
Porras incluso intentó entrar en la nómina de aspirantes a Fiscal General, sin embargo, aunque fue la aspirante con la mayor puntuación no llegó a integrar el listado que recibió Arévalo y en el que finalmente eligió a García Luna como su sucesor.
