La llegada de la magistrada Anabella Morfín a la presidencia de la Corte de Constitucionalidad abrió una disputa interna que trasciende una discusión administrativa sobre horarios o modalidades de trabajo. El debate, que enfrenta a la novena magistratura de la alta corte, expone ahora cuestionamientos sobre la seguridad jurídica, la confidencialidad de las deliberaciones y los riesgos de influencia externa en el máximo tribunal constitucional del país.
En el centro de la tensión se encuentran dos oficios enviados a Morfín el pasado 30 de abril. El primero fue firmado únicamente por el magistrado Roberto Molina Barreto. El segundo fue respaldado además por las magistradas titulares Dina Ochoa, Julia Marisol Rivera Aguilar, así como por los magistrados suplentes Claudia Paniagua Pérez, José Luis Aguirre Pumay y Luis Alfonso Rosales Marroquín.
Los firmantes del segundo oficio incluso criticaron la programación de vistas públicas presenciales a las 14 horas, al considerar que afectan horarios razonables de alimentación y descanso, pese a que están llamados en su función a preservar el orden constitucional y democrático del país.
Los documentos constituyen una defensa extensa del modelo de virtualidad que la Corte consolidó desde la pandemia y que, según los firmantes, representa un avance tecnológico irreversible. Morfín, sin embargo, ha impulsado un retorno a sesiones plenarias y vistas públicas presenciales. Así ha transcurrido desde que la novena magistratura tomó posesión en abril pasado en un proceso de inducción y familiarización con los sistemas informáticos del tribunal.
La discusión, sin embargo, dejó de ser un simple desacuerdo sobre trabajo desde casa. Un exmagistrado y un episodio reciente revela que el modelo virtual también abre interrogantes sobre la reserva de las deliberaciones constitucionales, la posibilidad de interferencias externas y la fragilidad de los controles institucionales.
ADVERTENCIA SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA
Consultado por La Hora, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, considera que el debate no puede reducirse únicamente a criterios de eficiencia.
“Todos sabemos que los temas más delicados, más profundos, más sensibles a nivel político, legal, jurídico y sobre todo en un contexto nacional, se discuten en la mesa donde solo caben cinco magistrados, a veces siete, que es la Corte de Constitucionalidad”, afirmó.
Fernández Molina sostuvo que las deliberaciones de la Corte requieren “el mayor hermetismo, secretivismo y sobre todo respeto y atención a lo delicado de lo que se contiene en la agenda”.
El exmagistrado advirtió además sobre la vulnerabilidad tecnológica de las sesiones virtuales. “Todos sabemos lo delicado y permeable que son las comunicaciones por medios electrónicos, muy precarios los controles y cualquiera con mínima habilidad podría perforar perfectamente y compenetrarse de esas discusiones”, señaló.
Aunque reconoció que ciertos asuntos podrían conocerse por videoconferencias —como actualmente sucede—, consideró indispensable mantener jornadas presenciales obligatorias para discutir temas sensibles. “Yo creo que algunos temas podrían analizarse vía Zoom, pero obligadamente reunirse dos o tres días a la semana de obligatoria discusión personal y secreta”, añadió.
Las declaraciones cobran relevancia en medio de un momento político particularmente delicado para la Corte, que deberá resolver amparos relacionados con la elección de fiscal general y otros casos de alta sensibilidad institucional.
ANTECEDENTE QUE ELEVÓ LAS ALARMAS
La Corte de Constitucionalidad no es un tribunal cualquiera. Sus magistrados resuelven disputas electorales, frenan leyes, revisan actuaciones del Ejecutivo y arbitran conflictos entre poderes del Estado. Sus deliberaciones suelen tener impacto político inmediato. Por ello, para distintos sectores, la posibilidad de que magistrados participen desde lugares privados, sin control institucional visible, abre una zona gris difícil de fiscalizar.
La preocupación sobre posibles influencias externas durante las sesiones virtuales no es hipotética. Un episodio documentado por La Hora en marzo pasado profundizó las dudas sobre la permeabilidad del sistema.
Este medio reportó una reunión en un edificio de la zona 10 capitalina en la que participaron diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en pleno contexto de negociaciones para la elección de magistrados constitucionales.
Según la publicación, tres fuentes judiciales indicaron que Dina Ochoa —actual magistrada de la CC— y el entonces magistrado Nester Vásquez participaron virtualmente en un pleno de la Corte desde el lugar donde se desarrollaba la reunión política.
En la cita fueron vistos, entre otros, el diputado Felipe Alejos, el congresista Álvaro Arzú Escobar, el diputado Duay Martínez.
La cita entre los diputados que elegirán y los magistrados que podrían obligar el voto
Ese episodio se suma en uno de los principales argumentos de quienes cuestionan los plenos virtuales: la imposibilidad de verificar quién acompaña realmente a los magistrados constitucionales durante las deliberaciones reservadas.
Consultado sobre ese antecedente, Molina Barreto rechazó dar por ciertos los señalamientos. “No puedo aceptar que eso es cierto”, afirmó. Y añadió: “No es una práctica que pueda suceder entre los compañeros ni de ahorita ni de antes y me parece a mí que es un pésimo rumor”.
Sin embargo, durante la misma conversación reconoció que no existen garantías absolutas sobre posibles grabaciones o presencia de terceros. “¿Y qué garantías existen de que no haya un magistrado que esté grabando?”, se le preguntó. “Ninguna, ninguna. Esa es responsabilidad de cada quien”, respondió.
El magistrado también admitió que dentro de la Corte han existido rumores sobre grabaciones o personas escuchando deliberaciones a distancia, aunque aseguró que se trata de “situaciones muy subjetivas”.
Molina Barreto defendió que las sesiones virtuales no implican necesariamente la presencia de terceros durante las deliberaciones. “Cuando tuvimos sesiones plenarias durante la octava magistratura, cada uno estaba en su casa y no había necesidad de tener a alguien cerca, ni mucho menos personal doméstico dentro de las habitaciones, tal vez ni entendería de qué están oyendo”, aseguró.
Según el magistrado, los riesgos de intromisión externa no dependen de la virtualidad, sino de la conducta individual de cada integrante del tribunal y apeló a que ninguno de sus pares lo haría.
MOLINA BARRETO DEFIENDE LA VIRTUALIDAD
Pese a los cuestionamientos, Molina Barreto insiste en que el debate no debe entenderse como una oposición entre presencialidad y virtualidad, sino como la necesidad de mantener un sistema híbrido que permita flexibilidad operativa.
“Yo estoy a favor de la virtualidad y estoy a favor de las sesiones presenciales, pero no en absoluto”, afirmó durante una entrevista concedida a este medio.
El magistrado sostiene que el funcionamiento actual de la Corte ya depende casi por completo de sistemas digitales. “Nosotros no tenemos expedientes de papel ya. Todo es virtual, todo está en la nube”, explicó.
Según relató, incluso durante sesiones presenciales los magistrados trabajan sobre plataformas informáticas, descargan ponencias, realizan modificaciones y votan electrónicamente. Defendió además que el modelo tecnológico de la Corte no surgió con la pandemia, sino que es el resultado de más de dos décadas de modernización institucional impulsada con apoyo internacional.
En su oficio dirigido a Morfín recordó que la Corte recibió respaldo del Gobierno de Estados Unidos y de la Sala Constitucional de Costa Rica para avanzar hacia la digitalización total de expedientes y procedimientos. El magistrado enumeró acuerdos internos emitidos desde 2013 para implementar casilleros electrónicos, expedientes digitales, firmas electrónicas, vistas públicas por videoconferencia y mecanismos de teletrabajo.
“Sería muy lamentable que durante su presidencia se retrocedan todos los esfuerzos que históricamente se han hecho para modernizar el Tribunal en temas de tecnología”, escribió.
En otro momento de la entrevista, Molina Barreto recurrió incluso a una referencia cultural para explicar la transformación tecnológica de la Corte. “Nosotros que vivimos las caricaturas de los supersónicos solo nos damos cuenta de que todo se está realizando de esa manera”, dijo.
El magistrado también defendió el modelo de teletrabajo dentro de la Corte y negó que exista un beneficio igual exclusivo para su equipo de letrados. Según explicó, el trabajo remoto está regulado por acuerdos internos aplicables a las cinco magistraturas y responde tanto a limitaciones logísticas del tribunal como a criterios de eficiencia institucional.
La Hora consultó a Molina Barreto si ese modelo implicaría eventualmente revisar beneficios logísticos como vehículos oficiales, combustible y otros recursos asignados para movilidad. El magistrado respondió que nunca afirmó que las sesiones deban desarrollarse exclusivamente de forma remota y sostuvo que la pregunta “tiende a desnaturalizar la función de la Corte”.
Según explicó, los magistrados trabajan de manera permanente “en la sede de la Corte o en cualquier otro lugar, incluso en tránsito”
Antes de concluir la entrevista, Molina Barreto dejó entrever su incomodidad con determinados medios de comunicación, entre ellos La Hora, y advirtió que accedía a hablar únicamente bajo la condición de que sus declaraciones fueran publicadas “con objetividad”.
“No me gusta atender entrevistas con ciertos medios”, dijo el magistrado, quien además pidió evitar “una edición intencional” de sus respuestas. Incluso aseguró que, de lo contrario, preferiría “prescindir” de ese tipo de acercamientos para no ser objeto de lo que calificó como “lawfare”.
La tensión dentro de la Corte revela así un choque entre dos visiones institucionales: una que apuesta por consolidar la digitalización como símbolo de modernidad y eficiencia; y otra que considera indispensable recuperar espacios presenciales para blindar la confidencialidad, la deliberación y la legitimidad del tribunal constitucional más importante del país.
