Pese a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que los integrantes del suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla, entre ellos el binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, no tuvieron incidencia en la toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos (Usac), el Ministerio Público (MP) que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, solicitó su retiro de inmunidad en contra de ambos, entre otros, lo cual encendió más alarmas.
El jueves 16 de noviembre pasado, el MP desveló una nueva investigación que se denomina «Caso toma de la Usac: Botín Político«, en el cual señala a docentes, estudiantes, profesionales de dicha casa de estudios superiores, y políticos de oposición como supuestos responsables de la toma del Campus Central y otras instalaciones de la universidad estatal, la cual permaneció cerrada desde de mayo de 2022 hasta junio pasado, en rechazo de las «fraudulentas elecciones» que posicionaron a Walter Mazariegos como Rector, según los inconformes.
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— Diario La Hora (@lahoragt) November 20, 2023
EXPRESIONES SUJETAS DE INVESTIGACIÓN
El MP, por medio de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, solicitó un peritaje lingüístico sobre supuestos indicios de discursos con los cuales integrantes de Semilla habrían motivado a que ciudadanos mantuvieran la toma de la Usac, según documentos a los que tuvo acceso La Hora.
El fiscal Saúl Sánchez, de dicha Fiscalía, es quien lidera la carpeta judicial y el que ratificó la solicitud al Inacif sobre varios discursos orales y escritos compartidos en las redes sociales, en donde se observa a los políticos hablar sobre la situación de la Usac y cómo Mazariegos asumió la rectoría en medio de una supuesta jornada fraudulenta.
La solicitud del peritaje lingüístico se realizó contra Arévalo y Herrera, los diputados de Semilla Samuel Pérez Álvarez, Román Castellanos y la fallecida congresista Lucrecia Hernández Mack. Además, al diputado electo de la misma agrupación, Raúl Barrera y el diputado de Winaq, Adán Pérez.
De acuerdo con los procedimientos de la institución científica, el análisis se realizó bajo un estudio lingüístico «a través de los niveles semántico, gramatical y pragmático, así como los significados léxicos escritos y orales» y el dictamen exoneró de lo que la Fiscalía presumía en contra de los antes mencionados.
REVÉS PARA EL MP
De acuerdo con la tesis del MP, el partido Semilla «utilizó como un trampolín político la toma de la Usac para promover su candidatura en las elecciones generales 2023» y de esa cuenta presentaron una solicitud de retiro de antejuicio para que el MP pueda abrir una investigación en su contra por los presuntos delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Sin embargo, el Inacif en su dictamen concluyó que «no se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala del 27 de abril del 2022 hasta el 9 de junio del 2023 a continuar con la toma», se lee en el documento.
Además, la entidad encontró evidencia con características lingüísticas que «connotan exhortación y postura, para que los estudiantes, trabajadores o personas sean fieles a los postulados de la Universidad de San Carlos, con fundamento en la definición de la palabra exhortar y postura incluida en el Diccionario de la Lengua Española», indicó.
SE INVESTIGÓ A PERSONAS QUE GOZAN DE DERECHO DE ANTEJUICIO
Para el Fiscal Nacional de Semilla, Juan Gerardo Guerrero Garnica, dicho dictamen que solicitó el MP «es ilegal puesto que se investigó a personas que gozan de derecho de antejuicio» y refirió que «el resultado fue negativo para el MP, pero a pesar de ello solicitaron el retiro de inmunidad«.
«Le dijeron al Ministerio Público que es improcedente su solicitud. Eso demuestra cuál es el actuar del MP, de forma ilegal y arbitraria y sin objetividad«, señaló Guerrero sobre el informe del Inacif y las últimas diligencias del MP contra Semilla.
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Por otro lado, analistas consultados por La Hora refieren que tanto Arévalo y Herrera, gozan de derecho de antejuicio.
Expertos: Bernardo Arévalo y Karin Herrera tienen antejuicio
AVANZAN CONTRA SEMILLA
Ese 12 de julio, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirige el fiscal Rafael Curruchiche, destapó un supuesto caso en contra de Semilla en paralelo a la certificación de los presidenciables que pasarían a segunda vuelta electoral, entre ellos Arévalo, e informó que el juez Fredy Orellana suspendía la personería jurídica de Semilla y de esa cuenta no podían ser adjudicados los cargos.
Desde ese julio, Semilla y organizaciones nacionales e internacionales denunciaron de forma pública una arremetida en contra de la voluntad del pueblo, expresada en las urnas que dio la victoria a Arévalo, y señalaron a Porras, Curruchiche y Orellana de fraguar un Golpe de Estado para que Arévalo y Herrera no asuman el cargo en enero próximo.
Los ciudadanos se han movilizado en “defensa de la democracia” para manifestar su rechazo contra los intentos de dejar sin efecto la victoria electoral del binomio presidencial de Semilla. Tanto Arévalo como los dirigentes de la organización temen que la Fiscalía redoble su persecución.
El pasado 24 de agosto, se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Arévalo y también a su compañera de fórmula Karin Herrera, ante un plan llamado “Colosio” que buscaría poner fin a la toma de su cargo como presidente electo al acabar con su vida.
