La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) solicitó penas de más de 6 mil años de prisión en contra de tres militares en situación de retiro, vinculados al caso Dos Erres. Todos son señalados de supuestamente haber cometido delitos de lesa humanidad.
En el Tribunal de Mayor Riesgo E se realiza el juicio en contra de Alfonso Bulux Vicente, Gilberto Jordán y José Mardoqueo Ortiz Morales.
Según el expediente, se les acusa de supuestamente haber formado parte de un escuadrón de 55 efectivos castrenses que habrían masacrado a 201 personas en el parcelamiento Las Dos Erres, ubicado en Las Cruces, Petén. Los hechos se registraron en diciembre de 1982, es decir, durante el Conflicto Armado Interno.
El debate inició en abril pasado. Este miércoles 25 de octubre, continúan las conclusiones de las partes procesales ante el referido Tribunal.
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Según la Fiscalía, los sospechosos eran integrantes de una patrulla kaibil que fueron enviados al referido lugar para recuperar fusiles que fueron despojados a otro grupo de militares.
De acuerdo con la acusación, Bulux Vicente ejercía el cargo de subinstructor del curso de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil del Centro de Estudios Militares en Poptún, Jordán era sargento especialista, y Ortiz Morales era especialista.
Los tres son acusados de asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad. Según el órgano investigador, por cada crimen se solicitó una pena de 30 años de cárcel, además de 30 años por el otro hecho ilícito.
La pena total sería de 6 mil 60 años, explicó el órgano encargado de la persecución penal.
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EL CASO
La masacre sucedió entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, durante el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt. Integrantes de la patrulla élite kaibil y 40 soldados ingresaron al lugar, en donde fueron exterminados los pobladores, de acuerdo con la Fiscalía.
Sobrevivientes detallaron al MP que los militares entraron por la fuerza a las viviendas, sacaron a las familias completas, y luego torturaron y mataron a varios. Además, varias de las víctimas fueron arrojadas a fosas para desaparecer sus cuerpos.
Ríos Montt enfrentó un proceso penal por este caso, pero una instancia judicial lo declaró incapaz de asistir a su propio juicio, el segundo después del caso por el supuesto genocidio al pueblo Ixil en Quiché.
