Este jueves 10 de agosto, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellantes adhesivos del caso Genocidio Ixil, presentaron una recusación en contra de los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Josué Felipe Baquiax, José Antonio Pineda Barales, Blanca Stalling y Vitalina Orellana y Orellana.
Con este recurso buscan apartar a los cuatro magistrados del proceso de casación que se sigue en contra de la sentencia absolutoria en 2018 a favor del exjefe de Inteligencia Militar del área Ixil, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Los querellantes buscan que se designen a nuevos magistrados para conocer la audiencia de casación.
De acuerdo con uno de los representantes legales, la recusación se presentó «porque los magistrados ya externaron opinión del caso» y de esa forma su imparcialidad al momento de dictar una resolución «estaría comprometida».
En tendencia:
BUSCAN REVERTIR FALLO
En marzo de 2021, AJR y el CALDH, interpusieron ante la CSJ un recurso de casación en contra de la resolución emitida por la Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio que confirmó una sentencia absolutoria en 2018 a favor de Rodríguez Sánchez.
Con dicho recurso buscan revertir el fallo y que se condene al militar, en situación de retiro, por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad cometidos presuntamente contra el pueblo Maya Ixil.
Otras Noticias:
El juicio inició en 2015 y finalizó en 2018, durante el proceso penal AJR y CALDH se acreditaron como querellantes adhesivos. Según, las organizaciones se probó que hubo genocidio y la responsabilidad penal del jefe de inteligencia del destacamento militar, en este caso Rodríguez Sánchez.
Por este caso también era juzgado el exgolpista Efraín Ríos Montt; sin embargo, en abril de 2018, una semana después de fallecer, el Tribunal de Mayor Riesgo B decidió cerrar el proceso penal en su contra. Por este caso, en mayo de 2013 había sido condenado a 80 años de prisión, pero esa sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica, por errores en el proceso judicial.
