La Sala Segunda de Apelaciones resolvió continuar con el proceso de extradición contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, esto luego que el exfuncionario interpusiera un amparo para frenar dicho proceso solicitado por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras.
Sandoval se encuentra en Estados Unidos y es señalado en el proceso denominado “Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero” por supuestamente incurrir en los delitos de denegación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.
SANDOVAL APELARÁ; DELITOS NO ENCUADRAN EN EL TRATADO DE EXTRADICIÓN
De esa cuenta, el exjefe de la FECI expresó que “apelará la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones porque los delitos por los que le señala el MP no se encuentran en el tratado de extradición entre Guatemala y EE. UU.”. Es decir, no existe competencia por parte del país norteamericano para que lo entregue a la justicia guatemalteca por los referidos delitos.
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Por lo tanto, el exfuncionario apelará en la Corte de Constitucionalidad para detener dicho proceso. “Uno de los principios que rige la extradición es el de reciprocidad, y ninguno de los delitos inventados están contemplados en el tratado, convención suplementaria y convenios multilaterales”, aseveró.
EL CASO Y SU PRESUNTA VINCULACIÓN
El MP indica que Sandoval sostuvo comunicación telefónica con el sindicado José Rubén Zamora Marroquín, fundador de elPeriódico, con el propósito de compartir información de una investigación que lo vinculaba.
Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual “se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo”, señala el ente investigador.
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EN EL EXILIO POR PERSECUCIÓN
Sandoval suma cuatro órdenes de captura en su contra por distintos casos. A la fecha se encuentra en el exilio, esto luego de ser destituido de su cargo al frente de la FECI. Él sostiene que se trata de una “persecución política” por su labor como en conjunto de la extinta Comisión Intencional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
A estas declaraciones se suman organizaciones nacionales e internacionales como, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes identifican una criminalización.
