El Juzgado de Mayor Riesgo D envió a juicio a cinco sospechosos en la fase uno del denominado caso Construcción y corrupción. Entre estas personas figuran empresarios y exfuncionarios del gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP). Otros diez acusados fueron beneficiados con el cierre del caso en su contra.
De esa cuenta, el juez Juan José Jiménez Tejax estimó que Carlos Presa Aguirre, Ismael Arnoldo Donis Álvarez, Randy Estuardo Uribio Aquino, Juan Ramón Solórzano Henkel y Douglas Yoalmo Paredes Álvarez deberán enfrentar debate oral y público por el delito de lavado de dinero.
Ellos fueron beneficiados con el archivo de los cargos por asociación ilícita.
Mientras que se declaró el sobreseimiento de los cargos por cohecho activo en contra de Mayra Lissette Marroquín Castillo, José Guillermo Samayoa Soria, Elder Vásquez Quevedo, Julio Roberto de la Peña González, Walter de Jesús López Acevedo, Roger Marco Antonio Navas Corado, Otto Vinicio Samayoa Soria, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
Además, se cerró el caso por financiamiento electoral ilícito en favor de José Guillermo Samayoa Soria, Otto Vinicio Samayoa Soria, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
FECI CONFUNDE A ACUSADO CON EXFISCAL
Jiménez Texaj decidió cerrar el caso en contra del acusado Juan Francisco Sandoval Girón debido a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) anotó en el informe de investigación al exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro.
De esa cuenta, el juzgador estableció que se había acusado a una persona distinta y que por ese error del MP, no se podía enviar a juicio a Sandoval Girón.
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EL CASO
El 14 de agosto de 2017, el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el caso Construcción y corrupción, el cual estableció la existencia de una estructura de alto nivel que supuestamente era liderada por Alejandro Sinibaldi.
Se estableció que la red habría operado durante el gobierno del extinto PP, y que recibía sobornos a cambio de cancelar la deuda de arrastre que se tenía con contratistas del Estado o por asignarles nuevos proyectos, según se describe en la fase uno.
Mientras que en la fase dos se identificaron otras modalidades como pagos que se realizaban en el extranjero por medio de empresas off shore con simulación de contratos de asesorías o préstamos, pagos por contratación de asesorías, pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes.
La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: negocios del Ministerio de Comunicaciones, Lavado de Activos, Financiamiento Electoral Ilícito y Obstaculización a la Justicia.
