El pasado miércoles 11 de enero, el excandidato presidencial Manuel Baldizón abandonó la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina, después de haber sido beneficiado con arresto domiciliario en el denominado caso Odebrecht. Cinco días después el Ministerio Público (MP) giró cuatro órdenes de captura en contra de abogados vinculados al proceso de investigación que llevó al político ante la justicia guatemalteca.
Baldizón pagó Q1.8 millones en fianzas que le fueron impuestas por dos juzgados en diferentes procesos. Por caso el Transurbano hizo un depósito de Q1 millón a la Tesorería del Organismo Judicial (OJ), mientras que por el caso Odebrecht canceló Q800 mil.
En este último se le considera actor de primera línea por presuntamente haber recibido US$1.3 millones de la constructora para financiar su campaña política. Él, por medio de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), del extinto partido político que encabezaba, tenía que lograr que en el Congreso de la República se diera el beneficio a Odebrecht para la ampliación de una carretera.
ÓRDENES DE CAPTURA
El lunes 16 de enero pasado, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó de manera pública acerca de la orden de aprehensión que fue girada en contra del presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Juan Pablo Carrasco de Groote; la exfiscal general, Thelma Aldana; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López; y David Gaitán, exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Hora consultó con analistas de la coyuntura nacional acerca de esos dos hechos. Los entrevistados se manifestaron preocupados por la independencia del sistema de justicia del país, la premiación y beneficios de ciertos sindicados, la narrativa del MP y el retraso en los casos de corrupción que fueron presentados por la FECI en su anterior administración.
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MACK: SE ESTÁ PREMIANDO A LOS ACTORES EQUIVOCADOS
Luis Fernando Mack, doctor en política y analista independiente, explicó que las recientes acciones del MP demuestran que existe un ánimo de revancha entre grupos.
“Aparenta ser una acción coordinada de dar marcha atrás a lo avanzado hasta la fecha”, expresó.
También dijo que desde hace varios meses se ha visto cómo el MP, dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras, ha retrasado las investigaciones anteriores a su gestión.
“Esto no es de ahora, eso ya es un proceso que se ha dado con el tiempo y parece una cierta revancha en contra de los autores que antes impulsaron estos casos”, aseguró Mack.
Además, opinó que se “están premiando a los actores que no deberían de ser premiados (Baldizón y Sinibaldi) y están persiguiendo a los autores que antes lideraban un proceso de cambio”.
Por último, dijo que este “modus operandi” es acorde al contexto de la actualidad, el cual favorece a “la impunidad y los procesos perseguidos anteriormente”.
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SAMAYOA: CARECE DE UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE
Para Oswaldo Samayoa, abogado y analista de política, el sistema de justicia no solo debe de ser independiente, sino que “también debe de parecer” que tiene esa cualidad, y en este caso “tenemos una sospecha que se está careciendo de ella”, indicó Samayoa.
Además, para fundamentar su hipótesis puso como referencia las acciones planteadas desde el MP en casos anteriores.
“Hasta que no nos presenten fundamentos serios y legales, tenemos el derecho de dudar si están montando casos para destruir lo trabajado y ganado”, consideró ante las nuevas órdenes de captura.
El experto destacó que se mantiene una campaña informativa con la cual se busca desacreditar el trabajo de entidades y personas.
“No es más que la narrativa permanente que estamos viviendo, en la cual se nos quiere hacer creer que la CICIC era la que tenía la persecución penal. Eso no es cierto, es el MP la entidad que la ejerce, en conjunto de jueces. Por lo tanto, parece una construcción de simbolismos e imaginarios sociales”, dijo ante los señalamientos de Curruchiche contra los requeridos por la justicia.
La Hora intentó comunicarse con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) para obtener un análisis; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
SINIBALDI, OTRO BENEFICIADO EN ODEBRECHT
En diciembre del año pasado, Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), también fue beneficiado con arresto domiciliario en el caso Odebrecht.
Lamentablemente, el daño al régimen de legalidad es tremendo y cada día se nota más el efecto que la promoción de la impunidad tiene no solo en el tema de la corrupción, que se vuelve mucho más intensa. #EditorialLH https://t.co/nqzNLcTrxX
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Ante la justicia nacional existen tres procesos penales en los cuales figura el exministro. Estos son: La Coperacha, Transurbano y Odebrecht, en el evento denominado Construcción y Corrupción.
El viernes 13 de enero último, se presentó a la Torre de Tribunales para firmar el acta de compromiso, después de efectuar el pago de Q500 mil en concepto de caución económica.
MP VA POR IVÁN VELÁSQUEZ
Según Curruchiche, los cuatro sindicados señalados habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia, conspiración y abuso de autoridad. Además, adelantó que habrá acciones legales en contra de Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia y exjefe de la CICIG, así como de Luz Adriana Camargo Garzón, exfuncionaria de la referida entidad.
En tanto, Velásquez se pronunció en horas de la noche por las declaraciones del jefe de la FECI y aseguró que cuenta con la “tranquilidad de que el trabajo en Guatemala se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparó el funcionamiento de CICIG”.
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que jamás aceptará la orden de captura contra el titular de la Defensa de ese país, pues demostró luchar contra la corrupción.
ANALIZARÁ SER QUERELLANTE
El abogado Saúl Zenteno, defensor de Manuel Baldizón, se pronunció con relación a lo manifestado por los analistas que fueron consultados. El jurista refirió que “aún no hemos dialogado sobre las acciones a tomar en este caso, respecto a las noticias que circularon el día de ayer”.
“Vamos a analizar si es conveniente o no acudir al proceso como querellante adhesivo, no lo hemos decidido todavía”, dijo a La Hora sobre participar en el caso en contra de los cuatro abogados vinculados a la investigación del caso Odebrecht.
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SE DESLIGA DE ACCIONES
En tanto, el abogado Abraham Girón, defensor de Sinibaldi, indicó que el proceso del exministro no se originó de manera reciente. “No es de ahorita. Data del año 2019. Ese proceso no se está iniciando ahora”, sostuvo.
Agregó que las últimas diligencias del caso Odebrecht son exclusivamente propias del MP. “No es una situación actual, de hecho cuando se inició el proceso ni siquiera se habían impugnado los acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht”, agregó Girón.
