Este lunes 16 de enero, Rudy Eleazar Bautista, juez suplente del juzgado de Mayor Riesgo B, otorgó medidas sustitutivas a seis supuestos implicados en el caso Cooptación del Estado.
Anteriormente, los sindicados habían sido beneficiados con arresto domiciliario por “razones humanitarias” derivadas por padecimientos de la salud y COVID-19. Sin embargo, esta vez el benefició fue de forma ordinaria, con ello mantendrán el beneficio y no regresarán a prisión preventiva.
Conamigua se ha caracterizado por ser una institución con poca incidencia entre los migrantes. Aquí el contexto de las declaraciones #LaHoraDeActualizarnos ⬇️
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LOS BENEFICIADOS
– Daniela Beltranena, exdiputada del Partido Patriota.
– Carlos Batzín, exministro de Cultura y Deportes del Partido Patriota.
– Manuel López Ambrosio, exministro de la Defensa del Partido Patriota.
– Rudy Gallardo Rosales, extitular del Registro General de las Personas (Renap).
– Juan Luis Ortiz, empresario.
– Juan Pablo Salazar.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Los seis presuntos implicados mantendrán las siguientes limitantes: Arraigo, que les prohíbe salir del país, tendrán arresto domiciliario y la prohibición de comunicarse con otros integrantes de la supuesta estructura del caso Cooptación del Estado de Guatemala que investigó el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Asimismo, se les quita la obligación de presentarse cada mes a rendir informe al referido Juzgado.
EL CASO
A raíz de las investigaciones del caso La Línea, originó el caso conocido como Cooptación del Estado en el cual se evidenció la existencia de una estructura criminal que tenía cooptadas a varias instituciones claves del Estado.
Esto se sabe de las nuevas capturas emitidas por la FECI por el caso Odebrech. Aquí los detalles ⬇️ https://t.co/M9pqRLhBVP
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Dicha estructura estuvo liderada según la investigación de la extinta CICIG entre 2012 y 2015 por el entonces presidente de la república, Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Quiénes en ese período habrían recibido una suma estimada de alrededor de 500 millones de quetzales por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones del Estado.
