Cuatro años de prisión conmutables fue la sentencia de la juzgadora. Foto: La Hora/José Orozco

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, a cargo de la jueza Oly González, condenó a 4 años de prisión conmutables a la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. El fallo se dictó en un proceso ágil que duró 10 meses, desde su captura.

La conmuta de la pena fue establecida en Q10 diarios y equivalente a Q14 mil 600. También fue inhabilitada a optar a cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.

 

A criterio de la juzgadora González, a ella le tocó juzgar si Laparra, en su calidad de funcionaria pública, tenía la facultad de denunciar al exjuez de Mayor Riesgo del referido departamento, Lesther Castellanos, ahora relator contra la Tortura de Guatemala.

El proceso en contra de Laparra nació después de que ella denunciara en cuatro ocasiones a Castellanos. “Ella actuó en su calidad de agente fiscal, no actuó en calidad de persona individual”, argumentó la jueza sobre la razón de la sentencia condenatoria.

LOS ARGUMENTOS DE LA JUEZA

Según González, el acuerdo 6-16 de la FECI, con el cual fue creada la filial en Quetzaltenango, “no le daba la facultad para denunciar al juez”. Con lo anterior le dio razón al Ministerio Público (MP) y a los querellantes adhesivos del proceso, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Castellanos y el abogado Omar Barrios.

Agregó que Laparra incurrió en el delito de abuso de autoridad en forma continuada, pero además lo realizó con “dolo”, al interponer las denuncias de manera premeditada.

La juzgadora dio valor probatorio a todas las declaraciones, oficios y argumentos presentados por la parte denunciante. “No tengo argumentaciones presentadas que realmente me impidan no darles valor”, aseguró.

EL CASO

El caso en contra de la exfiscal anticorrupción surgió por cuatro denuncias administrativas que planteó en contra de Castellanos, por supuestamente filtrar información de un caso bajo reserva a las partes procesales de este, específicamente al abogado Omar Barrios, con quien tiene una relación de amistad.

Los señalamientos en contra del exjuez fueron presentados durante 2018, en la Junta de Disciplina Judicial (JDJ). Sin embargo, ninguno tuvo éxito.

Después de esta situación, Castellanos presentó una denuncia en contra de Laparra por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. La Fiscalía de Asuntos Internos desarrolló la investigación.

La exfuncionaria fue detenida el pasado 23 de febrero, al salir de la oficina en la cual desarrollaba sus labores. Intentó que le otorgaran arresto domiciliario en repetidas ocasiones; sin embargo, no se le concedió en ninguna de las audiencias solicitadas.

ORGANIZACIONES APUNTARON A UNA CRIMINALIZACIÓN

Organizaciones nacionales e internacionales apuntaron a una persecución política en contra de la exjefa de la FECI de Quetzaltenango desde su detención.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y el Colegio de Abogados de EE. UU. (ABA, por sus siglas en inglés) acudieron como observadoras en las audiencias del caso.

Laparra estuvo a cargo de casos de corrupción en el occidente del país, los cuales llevaron a empresarios, funcionarios de gobierno, jueces y magistrados a enfrentar la justicia.

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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