El exjuez Mynor Moto y el abogado Dennis Herrera Arita. Foto: La Hora / Archivo

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos recibió la notificación para iniciar una investigación a quienes participaron en el proceso que llevó a la orden de captura del exjuez Mynor Moto, así como contra el abogado Dennis Herrera Arita, en el caso denominado Comisiones Paralelas 2020. Dicho documento fue enviado por Jimmy Bremer a cargo del juzgado Décimo Penal.

Moto y Herrera fueron señalados de armar una estrategia para retirar del Juzgado de Mayor Riesgo D dicho expediente y tomar el control del caso, esto cuando la jueza Erika Aifán estaba a cargo del proceso.

RESOLUCIÓN BENEFICIA A MOTO Y HERRERA

El expediente en el cual figuran los anteriormente mencionados inició en el Juzgado Décimo Penal, pero, por solicitud del Ministerio Público (MP), la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo trasladó al Juzgado de Mayor Riesgo D, cuando Erika Aifán estaba a cargo de ese despacho.

Con la salida de la juzgadora, el juez Luis Fernando Lima Archila asumió la jefatura de la referida instancia. Y por una nueva solicitud, la Cámara Penal ordenó devolver el documento al juzgado en donde comenzó.

Por lo tanto, Jimi Bremer, juez Décimo Penal, favoreció con una resolución a Moto y Herrera quitando la orden de captura internacional con la que contaban y el arraigo del país.

MP INICIARÁ GESTIONES POR POSIBLES DELITOS

Sin embargo, dentro de la resolución también ordena lo siguiente: “Certifíquese las presentes actuaciones a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público para que se realice la investigación y establecer la posible comisión de actos constitutivos de delito”.

Esta Redacción consultó al MP sobre la notificación y refirió que en efecto, “se recibió la certificación del Juzgado Décimo en la cual se decreta actividad procesal defectuosa”.

La actividad procesal defectuosa es aquel acto que carece de algunos de los requisitos de forma prescritos por la ley o necesarios para la obtención de su finalidad, por lo que quienes llevaron el proceso podrían haber incurrido en un delito.

 

Asimismo, el ente investigador informó que la Oficina de Atención Permanente lo remitió a la Fiscalía de Delitos Administrativos para la investigación correspondiente.

La Hora se contactó con analistas quienes expresaron su preocupación ante las gestiones que se realizan para abrir un nuevo caso en contra de operadores de justicia, entre ellos jueces y fiscales, por lo actuado en el caso.

HURTADO: PREOCUPA QUE SE SIGAN ABRIENDO PROCESOS

Pablo Hurtado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) considera que el análisis se debe hacer desde dos perspectivas. La primera en cuanto al proceso penal que se sigue en contra del juez y la segunda sobre el iniciar acciones contra operadores de justicia.

Sobre la primera perspectiva indicó que “el caso no está cerrado, debe llevarse a cabo una investigación y reorientarse en función de los elementos de investigación y pruebas que se van recopilando”.

Pablo Hurtado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) . Foto: La Hora / Archivo

Además, expresó: “se espera que el MP tal y como lo establece su mandato lleve todas sus diligencias e indicios para establecer la veracidad de lo que sucedió”.

Para la segunda perspectiva, puntualizó sobre que se “inicien acciones contra funcionarios tanto judiciales y del MP por lo actuado”.

“Contribuye a debilitar, de por sí débil, el sistema de justicia; porque continúa abriendo la puerta en la cual las actuaciones que se dictan en el ejercicio de un cargo posteriormente son cuestionadas a través de procesos penales”, explicó.

Además, detalló que esto “aplica para todos los jueces y fiscales independientemente del caso o afinidades que se puedan tener en relación a la percepción pública a ellos”.

Por último, refirió que “es muy preocupante porque se seguirán abriendo procesos y se vuelve un círculo en el que solo pierde el sistema de justicia”.

IBARRA: ESTÁN DESMONTANDO EL CASO COMISIONES PARALELAS 2020

“En términos generales, le favorece a Moto porque lo saca del sistema de Mayor Riesgo”, principió Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, en referencia a que ahora el caso lo conocerá un Juzgado Ordinario.

Además, desde su perspectiva pareciera “que están desmontando el caso Comisiones Paralelas 2020”, y refiere que “es posible que al darse todos los ajustes que se están realizando en este momento, muchos salgan favorecidos en el proceso”.

También dijo que el proceso está bastante debilitado y por lo tanto podría caerse en cualquier momento. Sin embargo, Ibarra tocó un punto. “Yo no sé qué va a hacer cuando comparezca ante la acusación porque recuerdo que hay unas fotografías en donde él se reunía con los implicados en el caso”.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia. Foto: La Hora / Archivo

La tendencia que maneja el Organismo Judicial (OJ) y el MP es desmontar casos y si no se anulan totalmente, beneficiar a los personajes más importantes por su nivel político y económico, aduce la integrante de Pro Justicia.

ROSAL: NO BASTA CON DEJARLOS LIBRES SI NO BUSCAN VENGANZA

Para Renzo Rosal, politólogo y analista independiente, “lo que está ocurriendo es una pieza más en esta ruta que se ha habilitado desde hace meses”, además explica que esta ruta “reabre la impunidad y busca dejar libre a una serie de actores”.

“Tanto como actores del denominado sistema de justicia y actores que durante los años del 2015 al 2017 estuvieron involucrados en casos de corrupción”, detalla Rosal.

Además, sugiere que dada la subordinación institucional que ocurre buscan investigar a quienes estuvieron detrás de los procesos. “No basta con dejarlos libres, si no viene el pedal de la venganza”, apunta.

Renzo Rosal, politólogo y analista independiente. Foto: La Hora / Archivo
CASO COMISIONES PARALELAS 2020

En 2018, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso Comisiones Paralelas 2020 en el cual se señalaron reuniones y acercamientos entre varios actores con el propósito de amañar las elecciones de magistrados correspondientes al período 2014-2019.

A esos hechos se les dio seguimiento en el proceso que se desarrolló en 2019, para integrar las cortes para el período 2019-2024, y se le llama Comisiones Paralelas 2020 porque se dio a conocer en 2020.

Se estableció que varios de los magistrados que hoy ocupan una magistratura fueron elegidos a dedo por diferentes figuras políticas, entre ellos: Gustavo Alejos Cámbara, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.

Dentro de la carpeta judicial Moto es señalado por “pretender asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición (del abogado) Dennis Billy Herrera Arita (quien integró la comisión de postulación para elegir candidatos a la Corte de Apelaciones)”.

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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