El abogado Francisco José Barrios Hernández, representante legal de los supermercados “La Barata”, fue ligado a proceso penal por los supuestos delitos y casos especiales de defraudación tributaria. El pasado sábado 26 de noviembre, el profesional del derecho fue deportado a Guatemala desde Panamá.
Con base en los indicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera resolvió que Barrios Hernández tendrá que afrontar la justicia.
La judicatura ordenó que el ahora procesado guarde prisión preventiva, medida de coerción que fue fundamentada por la posibilidad de que éste se fugue, al haber permanecido prófugo desde abril de 2021.
El órgano jurisdiccional otorgó tres meses al Ministerio Público (MP) para concluir la investigación.
CAPTURA Y EXTRADICIÓN
Barrios Hernández fue deportado el sábado pasado desde tierras panameñas, estando en el Aeropuerto Internacional La Aurora fue capturado por agentes de la Interpol-Guatemala.
“Las autoridades coordinaron la entrega de esta persona. Barrios Hernández es prófugo desde 2020”, según el vocero de la PNC, Edwin Monroy.
¿POR QUÉ LO REQUIERE LA JUSTICIA?
Barrios es requerido por la justicia guatemalteca debido a su presunta vinculación en el caso abierto contra la cadena de supermercados a la que representa.
En colaboración de la FECI y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en 2020 se dio a conocer la investigación en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, S. A. por la posible defraudación de al menos Q150 millones.
Según la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional Central de la SAT, entre 2017 y 2019, la empresa tuvo ventas por el valor neto de Q427 millones 330 mil 530.
Inicia el tercer día por el juicio en contra de la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 1, 2022
DEFRAUDACIÓN MILLONARIA
Se presume que el dinero que fue defraudado supuestamente provenía de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito. Sin embargo, no reportó tributos, informaron las entidades.
La defraudación al fisco ascendió a un monto estimado de Q150 millones 420 mil 346 desglosado de la siguiente forma:
Q43 millones 587 mil 714 por Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Q106 millones 832 mil 632 por Impuesto Sobre la Renta (ISR).
