Virginia de León, jueza A del juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal se mantendrá al frente del caso de compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5, esto luego de que la Sala Tercera de Apelaciones rechazó la recusación interpuesta por el MP en contra de la juzgadora por considerar que había externado opinión dentro del proceso.
En su momento, la defensa de la exfiscal general, Thelma Aldana, habría solicitado a la juzgadora una audiencia para pedir que “dejará sin efecto la orden de captura en su contra”.
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Por lo tanto, De León accedió para conocer la petición, situación por la que la fiscalía aseguró que, al momento de programar la audiencia, la juzgadora “habría emitido opinión del caso y esto estaría comprometiendo su imparcialidad”.
De esta forma dicha sala no encontró motivos para apartar del caso a la togada y rechazó la recusación, lo que permitirá a De León continuar como jueza a cargo del caso Edificio Zona 5.
CASO YA HABÍA CAMBIADO DE JUECES
El pasado 10 de mayo la Sala Primera de Apelaciones aceptó la excusa presentada por los jueces José Eduardo Cojulún y Juan Carlos González,
integrantes del Juzgado Undécimo, quienes se negaron a seguir conociendo el caso, por lo que fueron apartados del proceso.
SEÑALAN ANOMALIAS EN COMPRA DE EDIFICIO
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, existen varias irregularidades en la compra del edificio, entre estas una sobrevaloración de Q3.5 millones y el incumplimiento de una modalidad en la Ley de Contrataciones del Estado.
EN SU CONTRA
El Juez aseguró que su dimisión al cargo responde a la criminalización y persecución política que existe en su contra. Más aquí 👇🏼 https://t.co/81qVCxoVwI
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El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal ordenó la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general del MP, por supuestas irregularidades en la compra. Los delitos señalados por la Fiscalía son abuso de autoridad y fraude.
La orden contra Aldana deriva porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley; lo cual no ocurrió, según los argumentos del ente investigador.
EL MP indicó que la compra de la edificación se realizó a pesar de que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y contrataciones del Estado, además de que se señaló que no se presupuestó en el Plan Anual de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de llevar a cabo la negociación.
