El diputado Jorge García Silva, aliado del oficialismo y el juez Miguel Ángel Gálvez enfrentan procesos de antejuicio por distintos señalamientos, pero ambos han coincidido en argumentos para recusar a su pesquisidor; la diferencia es cómo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha resuelto a favor del legislador y en contra del togado.
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En el caso de Gálvez, recusó al magistrado Roaldo Chávez asegurando que puede ser parcial al momento de realizar su función, además, por tener vínculos con una de las partes denunciantes lo cual a su criterio podría afectar el proceso.
Desde inicios de septiembre, García Silva presentó una recusación en contra del juez Gustavo Dubón, quien aseguraba que el juez no tiene imparcialidad dentro del proceso. Ambos comparten la misma línea argumentativa.
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CSJ RESUELVE A FAVOR DE GARCÍA SILVA
Sin embargo, la CSJ aceptó únicamente dar trámite a la recusación del congresista García Silva, quien se encuentra vinculado al caso de la supuesta sustracción de Q28 millones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Razón por la que el Ministerio Público busca retirar su inmunidad, para así proceder con una investigación.
El legislador es integrante de la bancada Prosperidad Ciudadana y con sus votos ha respaldado la mayoría de las iniciativas que promueve el oficialismo VAMOS, incluso integró la Junta Directiva en 2020 y 2021.
El antejuicio lo promovió el MP en febrero, meses después que el caso fuera develado y la CSJ dio trámite el 15 de junio
SEÑALAN QUE PODRÍA EXISTIR UNA PARCIALIDAD
Mientras que, derivado del rechazo de la recusación por parte de la Corte, el proceso contra Gálvez continuará a manos de Chávez, quien según la recusación podría tener una amistad con Raúl Falla Ovalle, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), puesto que estuvieron en la misma promoción durante la universidad.
El togado ha llevado casos que involucran la participación de exmiembros del Ejército de Guatemala, según el documento de la recusación, Chávez se desempeñó como analista del Departamento de Control de Armas y Municiones de Guatemala (hoy Digecam) y también fungió como Asesor del Segundo Despacho Viceministerial del Ministro de Gobernación.
Por lo tanto, podría existir una amistad entre Chávez y el Ejército, esto podría “repercutir en la imparcialidad del magistrado Chávez”, se lee en la recusación.
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Roaldo Chávez, también llevó un proceso en contra de la jueza Erika Aifán, luego de que el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones la denunciara por autorizar diligencias en el caso Comisiones Paralelas 2020. No obstante, el pesquisidor (Chávez) era miembro de la junta directiva de la asociación denunciante.
¿CÓMO INICIA EL PROCESO DE ANTEJUICIO?
El pasado 15 de junio por mayoría el pleno de la CSJ le dio trámite a una solicitud de antejuicio promovida por la FCT por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales en forma continuada.
Dicha fundación argumenta que el togado habría abusado de la medida de prisión provisional, (figura que no existe en el Código Procesal Penal), razón por la que presentó la solicitud.
Dicha fundación es querellante adhesiva en varios casos en contra de operadores de justicia.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT y Raúl Falla Ovalle, abogado de la misma, fueron incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por haber cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
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La FCT es querellante adhesivo en distintos casos contra jueces y exfiscales, entre ellos: Juan Francisco Sandoval, Samari Gómez, Virginia Laparra, Thelma Aldana, Leily Santizo, Siomara Sosa, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yasmin Barrios y Pablo Xitumul.
CIDH RATIFICA MEDIDAS DE SEGURIDAD
El pasado 4 de octubre, Gálvez entregó a la presidencia de la CSJ la resolución que confirma las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a su favor.
El juzgador consideró prudente hacer la entrega oficial de dicha resolución “ante los últimos acontecimientos, la criminalización e instrumentalización del derecho penal por el uso de antejuicio”, indicó.
“Guatemala debe dejar inmediatamente de abusar de la ley y acusar a los jueces”, figura dentro de la resolución. Además, refiere que los jueces deben gozar de inmunidad en materia civil y penal.
Durante los últimos meses, el juzgador ha sufrido intimidaciones y amenazas por su decisión de enviar a juicio a nueve militares retirados acusados de asesinato y crímenes de lesa humanidad en el caso conocido como “Diario militar”.
