La Ley de Aceptación de Cargos establece que una persona procesada debe tomar la decisión de acogerse a este mecanismo de manera libre, consciente, voluntaria e informada; sin embargo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advierte que, en la práctica, existen varios factores que pueden pesar sobre esa decisión.
Entre ellos, menciona la duración de los procesos penales, la prisión preventiva, la calidad de la asesoría legal y la capacidad económica para cumplir con la reparación digna.
CIEN presentó un análisis sobre la aplicación de la Ley de Aceptación de Cargos, cuatro años después de que entrara en vigencia.
La figura permite que una persona vinculada a un caso penal reconozca los cargos ante un juez y acceda a una reducción de la pena, de acuerdo con el momento en que lo haga.
La ley contempla una rebaja de hasta la mitad de la pena si la aceptación ocurre antes de que se dicte el auto de apertura a juicio; de una tercera parte si ocurre después de esa etapa y antes del debate; y de una quinta parte cuando el debate ya comenzó, pero todavía no se han recibido las pruebas.
El juez debe comprobar expresamente que el procesado comprende los cargos, las consecuencias de aceptarlos, su derecho a retractarse y las obligaciones relacionadas con la reparación.
Además, debe preguntarle si su decisión es libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, y verificar que no existan vicios en el consentimiento.
Pero para el CIEN, que una decisión cumpla formalmente con esos requisitos no significa que estén completamente despejados los factores que pueden llevar a una persona a aceptar los cargos.
CIEN alerta por vacíos en la Ley de Aceptación de Cargos mientras crece su aplicación
LA PRESIÓN DE UN PROCESO QUE PODRÍA PROLONGARSE
Durante la presentación, la investigadora Corinne Dedik explicó que una de las primeras condiciones que debe observarse es la situación en la que se encuentra la persona procesada cuando evalúa acogerse a la ley.
Entre los motivos identificados por el CIEN están el evitar un proceso penal prolongado y una prisión preventiva que puede extenderse durante un periodo considerable, incluso cuando el acusado expone que es inocente o considera limitada la evidencia en su contra.
La posibilidad de obtener una reducción de la pena puede convertirse entonces en un elemento que debe ser valorado junto con el costo de continuar el proceso.
“Es clave que las personas en el proceso penal comprendan las implicaciones de acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos, pues una asesoría legal adecuada es crucial”, señaló Dedik.
🟠 La Ley de Aceptación de Cargos se aprobó en el año 2019 pero entró en vigor hasta el año 2022. Es notorio el aumento en las sentencias de aceptación de cargos a partir del año siguiente (2023).
🟠 La Ley de Aceptación de Cargos se aprobó en el año 2019 pero entró en vigor hasta el año 2022. Es notorio el aumento en las sentencias de aceptación de cargos a partir del año siguiente (2023).
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— CIEN (@CIENgt) September 24, 2026
Lo que plantea el CIEN, según Dedik, no es que todas las personas que acepten cargos lo hagan bajo presión ni que exista una práctica generalizada de coacción.
El análisis del centro cuestiona qué tan libre es la decisión cuando el procesado también está enfrentando la posibilidad de permanecer en prisión preventiva o de pasar años dentro de un proceso legal.
LA ASESORÍA LEGAL PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA
CIEN recordó que la aceptación de cargos supone que el procesado debe conocer no solamente los hechos y delitos que admite, sino también las consecuencias jurídicas de hacerlo.
Entre ellas están la reducción de la pena, la obligación de reparar a las víctimas y las consecuencias que puede tener el incumplimiento de esa reparación.
Por eso, para el CIEN, contar con una asesoría legal adecuada es determinante para que la persona pueda valorar realmente qué gana y qué pierde al acogerse al mecanismo.
La preocupación adquiere mayor relevancia por el crecimiento que ha tenido la figura, de acuerdo con los datos que recogió el centro.
En 2022, primer año de aplicación efectiva de la ley, se registraron 514 sentencias por aceptación de cargos, equivalentes al 5.5% de las 9 mil 267 sentencias contabilizadas ese año.
En 2023 fueron 2 mil 823, mientras que en 2025 llegaron a 3 mil 496, equivalentes al 32.4% del total de sentencias registradas por el Ministerio Público. Es decir, aproximadamente una de cada tres sentencias correspondió a este procedimiento.
Hasta mayo de 2026, el CIEN contabiliza 1 mil 328 sentencias por aceptación de cargos, de un total de 3 mil 572, lo que representaba el 37.2%.
El aumento significa que cada vez más personas están enfrentando la decisión de continuar un proceso por la vía ordinaria o aceptar los cargos bajo las condiciones que establece la ley.
LA CAPACIDAD ECONÓMICA TAMBIÉN INFLUIR
El CIEN identificó además que la capacidad económica para cumplir con la reparación digna puede ser otro elemento que influye.
La aceptación de cargos no termina únicamente con la reducción de una pena, pues el mecanismo también contempla obligaciones de reparación hacia las víctimas y, en determinados casos, la devolución o entrega de los frutos obtenidos mediante los delitos aceptados.
El juez debe explicar estas consecuencias antes de aprobar la aceptación.
Durante su presentación, el CIEN señaló que esto puede generar una diferencia entre quienes tienen capacidad económica para afrontar una reparación y quienes cuentan con menos recursos.
El centro identificó también que la reparación digna no se aplica bajo criterios completamente uniformes y que existe una predominancia de la indemnización económica frente a otras formas de reparación.
Ante esto, el CIEN planteó la pregunta: si una persona no tiene capacidad económica para cumplir con la reparación, ¿cómo influye esa condición en su decisión de acogerse o no a la ley?
Ante esta situación, la recomendación de la institución es reforzar el control judicial para garantizar que la aceptación sea realmente voluntaria e informada y que exista suficiente respaldo probatorio, además de construir información que permita evaluar cómo se toman esas decisiones.
Para el CIEN, también es necesario conocer en qué condiciones llegó a tomar esa decisión y qué factores pudieron influir en ella.
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