La Ley de Aceptación de Cargos se ha convertido en una de las principales vías para concluir procesos penales en el país, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que indicó que su aplicación también ha dejado dudas sobre la forma en que se utilizan sus beneficios, la reparación a las víctimas y el impacto que realmente ha tenido en la carga de los juzgados y la prisión preventiva.
La evalución del CIEN señala que el mecanismo tuvo un crecimiento acelerado desde que entró en vigencia en junio de 2022. Las sentencias emitidas mediante esta vía pasaron de unas 500 en 2022 a casi 3 mil 500 en 2025.
Para ese último año, representaban alrededor de una de cada tres sentencias registradas.
La ley fue aprobada mediante el Decreto 10-2019 como un mecanismo para permitir una salida anticipada del proceso penal. La persona ligada a proceso puede aceptar los cargos de manera libre, consciente, voluntaria e informada, con asesoría de su defensa, y obtener una reducción de la pena dependiendo del momento en que lo haga.
La legislación contempla una reducción de la mitad si la aceptación ocurre antes de la apertura a juicio, de una tercera parte en una etapa posterior y de una quinta parte cuando ya inició el debate, pero antes de la recepción de pruebas.
El objetivo era reducir la duración de los procesos y contribuir a descongestionar el sistema de justicia y las cárceles; sin embargo, e CIEN explica que cuatro años después de su entrada en vigencia todavía no existen suficientes datos para determinar con precisión cuáles han sido sus efectos.
🟠 «La línea verde oscuro, la cantidad de sentencias bajo el procedimiento de aceptación de cargos, llama la atención pues va ganando terreno y a partir del 2023 se nota el gran aumento de sentencias y se reducen procedimientos común y abreviado» @CorinneDedik en #SeguridadGT pic.twitter.com/guEl1zA6fe
— CIEN (@CIENgt) September 23, 2026
UNA LEY QUE GANÓ TERRENO RÁPIDAMENTE
La evaluación que presentó el CIEN muestra que mientras aumentaban las sentencias por esta vía, disminuían las correspondientes al procedimiento común y al procedimiento abreviado.
La aceptación de cargos pasó entonces a ocupar el segundo lugar entre los mecanismos utilizados para concluir procesos penales.
Guatemala concentra el mayor número de sentencias, pero los datos del CIEN dan cuenta de que Jutiapa aparece con la tasa más alta de utilización.
También existe un uso elevado en Zacapa y Retalhuleu, mientras que los departamentos de la región occidental presentan menores niveles de aplicación.
El CIEN también encontró una concentración particular por tipo de delito. El 41% de las sentencias por aceptación de cargos corresponde a casos de violencia contra la mujer. Le siguen la portación ilegal de armas y el lavado de dinero.
Para el centro de análisis, esta concentración amerita un estudio para determinar qué efectos tiene la aplicación de este mecanismo en las víctimas y en la reparación digna.
EL BENEFICIO TAMBIÉN GENERA INCENTIVOS
Uno de los elementos centrales de la ley es que mientras más temprano se acepten los cargos, mayor es la reducción de la pena.
La legislación establece que la aceptación puede producir una reducción de hasta la mitad de la pena y, si después de esa rebaja la condena queda en cinco años o menos, esta puede ser conmutable bajo las reglas correspondientes.
🟠 «Clave que las personas en el proceso penal comprendan las implicaciones de acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos pues una asesoría legal adecuada es crucial» indica @CorinneDedik en #SeguridadGT pic.twitter.com/lncO0P35DF
— CIEN (@CIENgt) September 23, 2026
Esto genera, según la evaluación del CIEN, un incentivo para que las personas busquen que la pena final quede por debajo de ese límite.
Pero el centro explicó que la decisión de aceptar cargos no necesariamente depende solo de la evidencia contra el acusado. Entre los factores que pueden influir señala la duración de los procesos, la prisión preventiva, la asesoría lgeal disponible y la capacidad económica para cumplor con la reparación digna.
MINGOB TAMBIÉN HA CUESTIONADO EL USO DE LA LEY
Las dudas sobre los incentivos que genera la aceptación de cargos también han sido planteadas desde el Ejecutivo.
El ministro de Gobernación, quien antes de ocupar ese cargo se desempeñó como juez, cuestionó la forma en que se está aplicando este mecanismo y señaló que puede existir presión para que los sindicados acepten los cargos.
El pasado 10 de febrero, se refirió específicamente a la posibilidad de que se establezcan acuerdos sobre las penas sin que el Ministerio Público tenga participación en esa determinación.
A su criterio, esto debería ser revisado mediante una reforma que permita que el ente investigador dé su consentimiento para la aplicación de la ley.
El ministro señaló que la aceptación de cargos “no puede servir como un mecanismo de coacción para que una persona acepte los cargos aun cuando no haya evidencia suficiente con respecto a su culpabilidad”.
La postura del Mingob coincide con una de las preocupaciones que ahora expone el CIEN: determinar en qué condiciones una persona decide aceptar los cargos y hasta qué punto influyen factores distintos de la evidencia disponible en el expediente.
Aunque el CIEN no establezca que exista una práctica generalizada de coacción, sí señala que la decisión puede estar influida por elementos como la duración del proceso, la prisión preventiva, la asesoría legal y las condiciones para cumplir con la reparación.
Ministro Villeda: «No es posible seguridad en las calles si antes no se controlan las cárceles»
En ese sentido, considera necesario contar con más información para determinar cómo opera en la práctica el mecanismo y qué controles existen sobre los acuerdos y las decisiones judiciales.
El ministro también cuestiona si el mecanismo debe mantenerse con las reglas actuales o si requiere ajustes para delimitar de mejor manera la participación de las partes y evitar que los beneficios de la aceptación de cargos terminen generando incentivos indebidos.
RECALIFICACIÓN DE DELITOS ES UNA DE LAS ALERTAS
Uno de los puntos que el CIEN considera más delicados es la recalificación del delito o del grado de participación para permitir que una persona pueda acceder a la aceptación de cargos.
La legislación excluye de las rebajas una serie de delitos, entre ellos homicidio, asesinato, violación, secuestro, extorsión, femicidio, trata de personas y delitos relacionados con narcoactividad, además de otros supuestos establecidos en el Código Procesal Penal.
Por ello, el CIEN advirtió que una recalificación puede modificar el escenario jurídico y abrir la posibilidad de acceder a los beneficios.
Durante la presentación se mencionaron casos en los que delitos graves habrían sido recalificados, por ejemplo hacia homicidio culposo o conspiración, para permitir el acceso al mecanismo.
El CIEN señaló que esta situación debe ser objeto de mayor control y que la falta de estadísticas impide determinar cuál es la magnitud real del fenómeno.
LA CARGA NO DESAPARECIÓ, CAMBIÓ DE LUGAR
Otro de los hallazgos de la evaluación es que la ley sí ha modificado la distribución de trabajo dentro del Organismo Judicial (OJ).
Como buena parte de las aceptaciones ocurre antes de la apertura a juicio, cuando todavía el caso se encuentra en un juzgado de primera instancia, esos órganos deben realizar las audiencias correspondientes y redactar las sentencias.
Esto significa que algunos expedientes ya no llegan a los tribunales de sentencia, pero la carga se concentra en los juzgados de primera instancia.
Según los datos que presentó el CIEN, los juzgados emitieron 13 mil 299 sentencias en 2022; 33 mil 820 en 2023 y 46 mil 538 en 2024.
En 2025 fueron 46 mil 115, mientras que para 2026 la cifra mostrada corresponde a datos hasta abril.
El CIEN plantea que este traslado de carga debe ser monitoreado porque la redacción de sentencias no constituye la actividad principal de los juzgados y puede requerir recursos adicionales de personal.
EL CIEN PROPONE MEDIR MEJOR ANTES DE REFORMAR LA LEY
El CIEN recomienda crear un sistema unificado de información que permita registrar de manera uniforme las principales variables relacionadas con la aceptación de cargos.
La propuesta del centro incluye medir las imputaciones, recalificaciones, penas, reducciones, reparaciones y recursos, de manera que sea posible evaluar periódicamente los resultados de la ley.
También plantea realizar un análisis sobre la concentración del mecanismo en delitos de violencia contra la mujer, fortalecer los criterios para establecer y ejecutar la reparación digna y mejorar el acompañamiento institucional a las víctimas.
Entre las recomendaciones también figura reforzar el control judicial sobre la aceptación de cargos y las recalificaciones, así como monitorear el efecto del mecanismo sobre la carga de los juzgados y la prisión preventiva.
