Dos días después de los hechos violentos registrados en la aldea El Naranjo, en Sipacate, Escuintla, a causa de una disputa por posesión de tierras, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que en el lugar mantienen presencia permanente de agentes para prevenir nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de residentes y turistas.
La Hora consultó a la PNC para conocer qué seguimiento brindará al conflicto, que ocurrió el pasado lunes cuando produjeron incidentes que incluyeron disparos, una persecución por parte de pobladores y la quema de al menos seis vehículos por la propiedad de un terreno en dicha aldea.
La policía aseguró que en la zona existe presencia constante de agentes debido a la importancia turística del sector. «Por ser un lugar turístico que recibe a nacionales y extranjeros, siempre hay presencia de policía», explicó la institución.
La entidad agregó que, además de la División de Seguridad Turística (Disetur), también opera personal de seguridad preventiva de la comisaría asignada a esta jurisdicción.
ALCALDE AFIRMA QUE TURISMO NO SE VE AFECTADO POR EL INCIDENTE
Por su parte, el alcalde de Sipacate, Walter Nájera, evitó profundizar sobre los incidentes en una llamada con La Hora, aunque defendió la postura que previamente expresó en redes sociales.
Sin embargo, el jefe edil aprovechó para resaltar el crecimiento turístico de la zona, el cual, aseguró, se aceleró tras la construcción de infraestructura vial impulsada por la propia municipalidad.
«Después que hicimos esa carretera, entonces empezó a florecer El Paredón», afirmó.
Nájera aseguró que actualmente el destino recibe visitantes nacionales e internacionales y que existe una fuerte inversión privada vinculada al turismo.
«Hay una inversión muy fuerte hablando turísticamente», dijo, al mencionar proyectos hoteleros, restaurantes, viviendas de alquiler temporal y capital tanto de extranjeros como de guatemaltecos.
El alcalde también aclaró que, aunque popularmente se conoce como El Paredón, gran parte del desarrollo turístico se ubica en la Colonia Milagro de Dios El Paredón, como realmente se llama, una de las 19 comunidades del municipio.
Al respecto, Bruno Mertins, operador turístico de la zona, aseguró que lo recién ocurrido en el lugar no ha generado ninguna afectación en el turismo, puesto que se trata de un destino «relativamente nuevo» y que tiene una proyección distinta a la de Monterrico.
Explicó que El Paredón tiene una mayor demanda a nivel nacional, mientras que Monterrico mantiene un mayor reconocimiento en el mercado internacional.
El conflicto ocurre en un municipio que en marzo de 2025 enfrentó daños en uno de sus principales puntos turísticos. El pasado 8 de marzo, un incendio registrado en la playa El Paredón consumió varios locales, hoteles, ranchos y estructuras utilizadas por emprendedores del sector, provocando pérdidas económicas y afectando parte de la actividad turística de la zona.
Tras el siniestro, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó que inició un proceso de acompañamiento para la recuperación del área, con la coordinación de un plan interinstitucional junto a autoridades locales, instituciones del Estado y comerciantes.
Entre las acciones planteadas se incluyó la revitalización turística del lugar, mejoras de infraestructura y un plan de ordenamiento territorial con enfoque en reducción de riesgos para Sipacate y una versión específica para El Paredón.
La Hora intentó tener la postura de Inguat sobre los hechos recientes, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
«LA POBLACIÓN DEFIENDE SUS TIERRAS»
Respecto al origen del conflicto, Nájera señaló que se trata de una disputa compleja que debe resolverse en los tribunales y que él y otras autoridades municipales no tienen competencia en el tema.
De acuerdo con lo que explicó, hay disputas entre individuos que afirman tener escrituras antiguas y residentes que tienen contratos de arrendamiento proporcionados por la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret), así como manifestar posesión histórica sobre las tierras.
«Hay alguien que está aduciendo que tiene escrituras de antes de 1954 y hay muchos vecinos de ese lugar que tienen sus contratos de arrendamiento, y aparte de eso ellos también tienen la posesión de tierra», afirmó.
El alcalde sostuvo que los pobladores están defendiendo lo que consideran sus derechos sobre las propiedades.
Asimismo, aseguró que como autoridad municipal respalda a los habitantes del municipio, aunque insistió en que corresponde a los juzgados determinar quién tiene la razón jurídica en la disputa.
ALCALDE RECHAZA VIOLENCIA Y CUESTIONA PRESENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA
Aunque dijo no compartir los actos violentos ocurridos durante la jornada del lunes, Nájera consideró que la situación se agravó por la llegada de personal de seguridad privada al lugar.
Gobernación desmiente retención de personal de la PNC y MP tras incidentes en Sipacate
Además, recordó que en el sector existe una subestación de la PNC y defendió los niveles de seguridad del municipio.
«Es uno de los municipios más seguros de toda la Costa Sur», aseguró al ser consultado sobre si los hechos afectan la percepción de seguridad para turistas nacionales y extranjeros.
EL INCIDENTE ENTRE POBLADORES Y EMPRESA PRIVADA
Según un informe policial conocido por La Hora, los incidentes se produjeron durante una diligencia judicial en un terreno ubicado en el lote 25 de la calle principal de la aldea El Naranjo.
La PNC indicó que su participación se limitó a brindar seguridad perimetral mientras se desarrollaba una actuación ordenada por autoridad competente.
De acuerdo con el reporte, personas que dijeron representar a una empresa llegaron al lugar para tomar posesión de las tierras en disputa, sin embargo, su presencia provocó la concentración de vecinos de la aldea El Paredón, algunos de ellos armados.
Posteriormente, cuando el grupo decidió retirarse, fue perseguido por pobladores hasta el sector conocido como «Quiebra Patas», donde abandonaron varios vehículos.
La policía consignó que aproximadamente 75 personas incendiaron seis automotores y que representantes de la empresa denunciaron el supuesto robo de 15 armas de fuego.
Durante las inspecciones posteriores, investigadores documentaron varios vehículos con impactos de bala y localizaron teléfonos celulares completamente calcinados dentro de uno de ellos.
Tras los hechos, el Ministerio de Gobernación aclaró que no se trató de un allanamiento y aseguró que la presencia policial obedeció únicamente a funciones de seguridad.
Asimismo, descartó versiones que circularon en redes sociales que señalaban la retención de agentes policiales, fiscales o personal relacionado con la diligencia.
