La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este miércoles la solicitud de retiro de antejuicio en contra de la actual fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras.
Según la decisión de la CSJ, se rechaza in limine el antejuicio 46-2026, interpuesto por el diputado José Chic en contra de la Fiscal Consuelo Porras, en donde la señaló de los delitos de sustracción propia, sustracción agravada, entrega indebida de un menor, trata de personas, abuso de autoridad, trámite irregular de adopción y falsedad material e ideológica, tras los señalamientos de adopciones ilegales cometidos supuestamente en los años 80.
Las denuncias en contra de la fiscal Porras, presentadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), fueron declaradas por el MP bajo reserva. Esto se conoció justamente en una citación del diputado José Chic a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría de Bienestar Social.
Así mismo, el pleno rechazó in limine el antejuicio 20-2026 interpuesto por Juan Francisco Solórzano Foppa también en contra de Porras, donde la señala de los delitos de incumplimiento de deberes, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, acusandola de no actuar correctamente en la investigación por los ataques realizados por pandilleros en contra de miembros de la PNC el 18 de enero pasado.
SEÑALAMIENTOS POR ADOPCIONES IRREGULARES CONTRA PORRAS
En febrero de 2026, la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió un pronunciamiento de personas expertas de la entidad internacional, en la que muestran preocupación por la posible participación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, en un caso de posibles adopciones ilegales de menores indígenas desaparecidos forzosamente.
Según la denuncia, al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales, producto de haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, el cual fue dirigido por Consuelo Porras.
De acuerdo con el informe, los menores habrían sufrido desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala. Porras fungió como fungió como directora del hogar y tutora legal de los menores del 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
