La Procuraduría General de la Nación (PGN) actualizó el proceso de la denuncia por adopciones ilegales, que involucrarían a la fiscal María Consuelo Porras Argueta, cuando laboró en el hogar estatal Elisa Martínez, y en la cual la Procuraduría busca constituirse como querellante adhesivo.
La denuncia que presentó la PGN en febrero último fue remitida a la Fiscalía contra operadores de justicia y sindicalistas, por lo que la PGN solicitó que se apartara de dicha unidad por considerarla no idónea, pues los delitos que se hacen mención están relacionadas a desaparición forzada.
Además, la Procuraduría ha solicitado copia del avance de la investigación, pero fiscales respondieron se encuentra bajo reserva, por lo que no se proporciona alguna documentación, ya que la PGN busca coadyuvar en la investigación.
RESPUESTA SIN REMITENTE Y CAMBIO DE FISCAL
«Que no están ellos jerárquicamente facultados para decir que no les corresponde seguir conociendo de la investigación, por consiguiente ellos tienen que seguir, porque fueron designados en su momento para conocer la misma, y no pueden invalidar una instrucción dada», respuesta que envió el Ministerio Público, sin firma específica, a la Procuraduría ante la petición del cambio de fiscalía, informó Liliana Guzmán Rodas, del equipo jurídico de la PGN que acudió a una reunión del diputado José Chic.
Guzmán agregó que hubo un cambio de agente fiscal, y ahora la investigación está a cargo de Raúl Menéndez, lo cual se conoció el 15 de abril pasado.
Respecto a tener acceso a la carpeta de investigación se informó que la carpeta no cuenta con control jurisdiccional, pues no lo han solicitado, por lo que no se ha individualizado el tema y por ende no hay ningún sujeto procesal señalado.
El diputado José Chic cuestionó el juego que utilizan las fiscalías para declarar reserva de los casos, por ejemplo, mencionó la investigación de las vacunas Sputnik, mientras que personal del MP como Rafael Curruchiche hace videos con documentación de ciertas investigaciones.
La denuncia por adopciones ilegales en el que se señala a Consuelo Porras fue dada a conocer por expertos de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a mediados de febrero pasado.
