Por Denis Aguilar
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Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, conversó con La Hora respecto de la situación que atraviesa la Corte de Constitucionalidad (CC), asegurando que quienes se niegan a integrar el pleno pueden incurrir en incumplimiento de deberes.
Esto opinó luego de que tres magistrados de la CC, Dina Ochoa, titular; María de los Ángeles Araujo y Henry Comte Velásquez, suplentes, emitieron un documento en la que se niegan a integrar el pleno debido a la situación del magistrado Neftaly Aldana.
Actualmente en la CC hay dos vacantes definitivas: Bonerge Mejía, quien falleció recientemente debido a complicaciones por el COVID-19; la vacante que dejó María Consuelo Porras, que renunció como magistrada suplente tras ser electa como Fiscal General. La situación Neftaly Aldana, quien presenta complicaciones de salud, no se ha resuelto, ya que su familia requirió a la CC que se le suspenda.
Ortiz explicó que, de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la CC se integra con 5 magistrados titulares y 5 suplentes.
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“Dicho eso la Corte no está desintegrada porque la Corte se integra con 5 magistrados titulares y, si no están los suplentes que puedan integrarla, solo en casos excepcionales la ley prevé que se integre con 7 magistrados”, dijo Ortiz.
Sobre los casos excepcionales, Ortiz mencionó que estos se tratan de casos sobre inconstitucionalidades de leyes, por lo que actualmente la Corte sí se puede integrar con la mayoría prevista en ley, que es de 7 magistrados.
“No es cierto que la Corte esté en una crisis y esté desintegrada, obviamente lo deseable es que se llenen las vacantes que quedan”, explicó Ortiz.
En ese sentido, Ortiz mencionó que le preocupa el pronunciamiento de los tres magistrados mencionados, ya que se están negando a integrar la Corte, lo cual significa “una crisis institucional gravísima” y que pueden incurrir en el delito de incumplimiento de deberes.
“Ellos tienen la obligación de integrar el pleno y ellos creen que procede la suspensión, tienen que hacerlo ver en sus decisiones cuanto integran el pleno y no en los medios de comunicación”, afirmó Ortiz.
EL PROBLEMA DE FONDO
Ortiz dijo que detrás de lo que está sucediendo, hay presiones que vienen desde fuera, ya que hay dos bandos diferentes involucrados en esta situación.
“Número 1, lo que llamamos Pacto de Corruptos, obviamente ellos quieren cambiar las cosas en la Corte de Constitucionalidad porque les es incómoda, ellos están presionando de mil formas”, señaló el abogado Ortiz.
Las exhibiciones personales que se presentaron por la situación del magistrado Aldana fueron para presionar, dijo Ortiz, señalando que incluso, era para incomodar a la familia del togado.
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“Y luego hay otro grupo de gente que yo creo que por convicción propia creen que la Corte ha hecho mal las cosas, creen que ahora mismo la Corte está manipulando al no declarar la vacancia de Neftaly”, añadió.
En ese sentido, mencionó que hay dos grupos, uno con intereses legítimos y otros con intereses no tan legítimos.
