En un comunicado de prensa, el expresidenciable de Lider, Manuel Baldizón, criticó a la FECI y pidió a la fiscal general Consuelo Porras, observar sus derechos fundamentales. FOTO LA HORA

Por Denis Aguilar y Cristian Velix
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El excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón, emitió hoy un comunicado en el que cuestiona a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por la forma que ha realizado la investigación en su contra y pide a la fiscal general, María Consuelo Porras, que intervenga en este caso. En tanto, Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, manifestó que la posición de Baldizón le parecía contradictoria.

Baldizón asegura que tiene los “medios de prueba suficientes para evidenciar que se están tergiversando los hechos” en las dos sindicaciones que la FECI ha hecho en su contra, asegurando que por eso ha puesto su interés de colaborar con las investigaciones.

Quien fuera en su momento la figura más notable del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider), aseguró que debido a una carta que en 2018 envió a la Fiscal General, donde expone su interés de aclarar los hechos en su contra, se ha puesto a su familiar en una “situación de vulnerabilidad”, por la connotación que se le dio a su interés de colaborar con las investigaciones.

Asimismo, asegura que desde que se dio a conocer la persecución penal en su contra ha sido víctima de abusos, chantajes, incluso extorsiones, asegurando que hay personas que tratan de persuadirlos para tener acceso a soluciones fuera de la ley mediantes pagos en efectivo. Según Baldizón, ya ha denunciado estos hechos.

También señaló que la FECI, con el pretexto de la investigación en su contra, ha realizado acciones para despojar de bienes a sus padres, aseverando que estos han sido obtenidos “mediante esfuerzo y décadas de trabajo honrado” e indicó que hay una falta de objetividad en la investigación que se desarrolla.

Para Baldizón hay una “inmovilización indiscriminada de sus bienes, lo cual no ha ocurrido con otras personas investigadas”.

“Por lo anterior expuesto, públicamente solicito a la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, la observancia y respeto a mis derechos humanos y fundamentales, y los de toda mi familia, así como la atención a la forma en que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI– está desarrollando el trabajo de investigación de los casos que se siguen en mi contra”, dice el comunicado.

SANDOVAL: POSICIÓN ES CONTRADICTORIA

Por su parte, Sandoval manifestó que le parece contradictoria la posición que asumió el excandidato a la Presidencia de Lider.

En esa línea, el investigador explicó que dicha contraposición se debe a que Baldizón manifiesta en ese texto su intención de colaborar en las investigaciones en su contra llevadas a cabo por la FECI, pero al mismo tiempo las ataca.

En el comunicado publicado este día, el expresidenciable manifiesta que esa unidad de investigación del Ministerio Público (MP) ha tergiversado los hechos por dos sindicaciones en su contra y que tiene medios de prueba al respecto, no obstante, el fiscal indicó que en relación con esa situación están los tribunales de justicia en donde los podrá hacer valer.

“Al tema relacionado con la inmovilización de bienes, producto de una investigación por un procedimiento de extinción de dominio, dichas medidas han sido autorizadas por un órgano jurisdiccional, por lo que no atiende a una actuación arbitraria de la Fiscalía”, explicó Sandoval.

En esa misma línea, el jefe de la FECI añadió que el proceso de extinción de dominio es para eso: para que se acredite la procedencia ilícita de cómo fueron adquiridos los bienes. Según Baldizón, bajo el pretexto de las investigaciones en su contra, se ha despojado de bienes a sus padres.

De momento, el antiguo integrante del partido Libertad Democrática (Lider) está señalado en el Caso Odebrecht y Caso Transurbano, investigaciones en las que también participó en las pesquisas la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

SE DECLARA CULPABLE

Esta semana se dio a conocer que Manuel Baldizón se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel en ese país.

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