Por Denis Aguilar
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Esta mañana, Acción Ciudadana (AC) presentó una acción de amparo contra el Acuerdo Gubernativo 25-2019, que reforma el Acuerdo 29-2004 del Reglamento para la Fortificación de Sal con Yodo y Sal Con Yodo y Flúor, ya que aseguran atenta contra la salud nutricional.
AC señala que Guatemala adoptó desde hace más de 70 años disposiciones mundiales de salud para fortificar la sal, como parte de una estrategia global de nutrición para que la población consumiera dosis adecuadas de esos componentes alimenticios.
La acción de amparo se presenta contra el presidente Jimmy Morales, el ministro de Salud, Carlos Soto y el ministro de Economía, Acisclo Valladares, quienes firmaron el Acuerdo que se publicó el 14 de octubre de este año.
Acción Ciudadana, en acompañamiento de la Comisión Nacional de Salud Bucal, argumentan que fortificar la sal con yodo y flúor es efectivo para reducir enfermedades y alteraciones físicas, lo que revertir las especificaciones antes vigentes conlleva amenazas a la salud como caries dental, pérdidas de dientes, letargo físico y mental, cansancio, reducción del intelecto, entre otras.
“Estamos preocupados por la situación en la que el Presidente de la República y algunos ministros aprobaron un Acuerdo con el que prácticamente suprimen la obligación de fortificar la sal que consumimos todos los guatemaltecos, afectará realmente la salud de las personas, especialmente con consecuencias tan nefastas como el hecho que se puedan dar enfermedades en los dientes”, dijo Edie Cux, presidente de AC.
En el amparo, Acción Ciudadana afirma que una deficiencia de yodo conlleva a una pérdida de 13.5 puntos del coeficiente intelectual en las poblaciones afectadas, lo cual incide en la capacidad de aprendizaje, salud materna, calidad de vida en las comunidades y pérdida de productividad.
Asimismo, señalan que ya existen dictámenes técnicos realizados por la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap) y de la Comisión Nacional de la Salud Bucal, donde se expone esta situación mencionada al Presidente y a los ministros, pero aseguran que fueron ignorados.
“Estamos para oponernos a esta medida que tomó el Presidente de la República, el Ministro de Salud Pública y el Ministro de Economía, existe suficiente evidencia, es más, las mismas instancias del Ministerio de Salud en febrero de este año le indicaron al señor Ministro que no era conveniente a todas luces hacer las modificaciones que propusieron un sector de salineros”, dijo Ernesto Villagrán, catedrático universitario y miembro de la Comisión Nacional de Salud Bucal.
Con dicho Acuerdo emitido, el Gobierno está apoyando la producción de sal artesanal, asegurando que esto amenaza la salud de la población, añadió.
