El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi, compareció ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por la jueza, Abelina Cruz Toscano, por el caso Construcción y Corrupción.
Con ello, se inicia la etapa intermedia, en la que se definirá si el exministro de Comunicaciones enfrentará juicio por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral no registrado y obstaculización a la justicia.
AUDIENCIA
En el desarrollo de la audiencia, el MP califica como supuesto «líder» de la estructura criminal al exministro Sinibaldi.
Además, la Fiscalía señala los nombres de varios presuntos integrantes de la estructura criminal, entre los que sobresale su asistente, Analisse Herrera; el viceministro de Comunicaciones durante su gestión, Víctor Corado, y el hermano del exministro, Luis Rodrigo Sinibialdi Aparicio.
Con relación a las dádivas entregadas por varias empresas constructoras adscritas al Ministerio Comunicaciones, el MP asegura que estas supuestamente fueron canalizadas por las empresas Constructora Veneli, Constructora y Agropecuaria Agua Azul, y Constructora y Agropecuaria El Florido.
También, el ente encargado de la persecución penal detalló cómo con el dinero ilícito obtenido por Sinibaldi, éste adquirió varios bienes inmuebles, compras en las que supuestamente participó su hermano.
En tendencia:
EL CASO
El 14 de agosto de 2017, el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el caso Construcción y corrupción, el cual estableció la existencia de una estructura de alto nivel que supuestamente era liderada por Alejandro Sinibaldi.
Se estableció según las investigaciones de autoridades que la red habría operado durante el gobierno del extinto Partido Patriota, y que recibía sobornos a cambio de cancelar la deuda de arrastre que se tenía con contratistas del Estado o por asignarles nuevos proyectos, según se describe en la fase uno de investigación.
Mientras que en la fase dos se identificaron otras modalidades como pagos que se realizaban en el extranjero por medio de empresas off shore con simulación de contratos de asesorías o préstamos, pagos por contratación de asesorías, pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes.
La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: negocios del Ministerio de Comunicaciones, Lavado de Activos, Financiamiento Electoral Ilícito y Obstaculización a la Justicia.
Otras Noticias:
