Foto: Fabricio Alonzo/La Hora
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Tras haber sido extraditado de El Salvador, la jueza Claudette Domínguez, del juzgado de Mayor Riesgo A, inició la audiencia de primera declaración de Mario Alberto Aldana Orellana o Mario Ernesto Avelar Ramírez, en el caso conocido como Banda Los Topacio que involucra a una red de abogados señalados del supuesto despojo de bienes inmuebles, según detalla el Ministerio Público en su investigación.

El Ministerio Público (MP), imputa al sindicado la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, caso especial de estafa, asociación ilícita, uso de documentos falsos y usurpación de identidad.

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AUDIENCIA

En la audiencia realizada ante la jueza Domínguez, el MP señaló a Aldana Orellana o Avelar Ramírez de presuntamente ser una de las personas que integra la Banda Los Topacio, una estructura criminal dedicada a despojar bienes inmuebles utilizando escrituras falsas.

Durante la imputación la Fiscalía indicó que el sindicado se valió de su nacionalidad para huir del país, luego de conocer que existía una investigación en curso, por lo que logró burlar una orden de aprehensión emitida desde el 2013, hasta que fuera repatriado el pasado mes de marzo, mencionan.

EL MP señaló que el imputado supuestamente habría participado en el despojo registral y posteriormente de estafa de varias fincas, según consta en los libros del Registro de la Propiedad Inmueble, con la complicidad de notarios que, aparentemente autorizaban las escrituras públicas.

 

Además, también el ente investigador agregó que no solamente se despojaban los bienes inmuebles, sino que también volvían a ser vendidos a través de anuncios en periódicos, pese a tener conocimiento de que no podían ser registradas por tener vigente una figura legal que lo prohibía.

BANDA LOS TOPACIO

La Banda denominada Los Topacio se dedicaba a la apropiación y despojo de viviendas con documentos falsos desde el año 2000, de acuerdo con detalles del MP.

El modo de operación de la estructura criminal iniciaba con la identificación de un bien inmueble, posteriormente estudiaba el perfil de la víctima para así facilitar la acción delictiva, ya que en algunos casos las personas eran adultos mayores o vivían en el extranjero, según explicó el ente investigador.

Foto: Fabricio Alonzo/La Hora
Foto: Fabricio Alonzo/La Hora

Contaban con el auxilio de notarios que registraban las propiedades a nombre de un testaferro, quien los vendía a precios accesibles a terceras personas, menciona la Fiscalía.

Los abogados falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compraventa y de esta manera operaban las inscripciones en el Registro General de la Propiedad, indica el ente investigador.

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SENTENCIA

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, logró que en 2016 el Tribunal de Mayor Riesgo B, sentenciara a 30 integrantes de la estructura criminal, siendo ellos:

  • Oswaldo Azurdia Martínez
  • Mynor Giovanni Álvarez Jacobo
  • Roger Mauricio González y González
  • Ligia Anabella Alvarado Batres
  • Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla
  • Werner Ortiz
  • Orlan Henry Cáceres Aguilar y/o Orland Henry Cáceres Aguilar
  • Reyna Eminolda Bolla Espinoza
  • Gladys Yolanda Pineda Urbina
  • José Arturo Rodríguez Rodas
  • Tito Heli Najarro Rodríguez y/o Carlos Alberto Godoy Alvarado
  • Olga Alicia Valenzuela Alvarado
  • Sonia Judith Orellana Guzmán
  • Jeddu Adaltoon García Sánchez
  • Sayda Tatiana Corado
  • Mario Alberto Martínez Pineda
  • Víctor Manuel Alejandro Chinchilla Santiago
  • Ruth Mery López Gallardo
  • Edín Mauricio Pineda Donis
  • Leslie Denise Rosas López
  • Carlos Ramiro Zea Mérida
  • Fredy Roberto Ríos Villatoro
  • Ivonne Haydée Ponce Peñalonzo
  • Noé Miguel Arriola Racaná
  • Ana Albertina Leticia Cordón Loyola de Sandoval
  • y/o Ana Leticia Cordón Loyola de Sandoval
  • Sergio Aníbal Rosas Vargas
  • Sandino Antulio Ávila Avelar
  • Edith Lorena González Camey
  • Gerardo Enrique Flores Estrada
  • José Miguel Bolaños Orellana.
Cristobal Véliz
Periodista de vocación. Amante de las leyes y del Estado de derecho. Experiencia de más de 10 años en la cobertura de los procesos de postulación y nombramientos de funcionarios públicos.
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