Tras conocer la sanción que el gobierno de Suiza emitió contra funcionarios del Ministerio Público (MP), el ente de la persecución penal se pronunció, por lo que calificó como «uso y abuso de las relaciones diplomáticas».
Según el comunicado emitido por el MP, con este tipo de reacción quedan demostradas las motivaciones que tienen estos países para sumarse a los esfuerzos estériles promovidos desde instituciones del Estado, utilizando los recursos del pueblo de Guatemala para intentar afectar al MP y a sus funcionarios.
Además, expresa que estos señalamientos «espurios, tendenciosos y antidemocráticos» evidencian la desesperación de contar con un MP afín y complaciente para garantizar impunidad y corrupción.
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Agrega que con esto lo que se pretende es tener el control de una institución que goza de autonomía e independencia, lo que representa una grave amenaza contra la democracia y el régimen de legalidad.
Con esto, señala que los ataques sistemáticos intimidatorios contra los fiscales del MP podrían desencadenar en hechos violentos.
En consecuencia, responsabiliza a las autoridades correspondientes de cualquier situación que atente contra la integridad, la vida y la seguridad de los funcionarios del MP.
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SANCIÓN
Este día, el Consejo Federal de Suiza se sumó a las sanciones emitidas por la Unión Europea (UE) contra funcionarios de justicia y del Ministerio Público (MP), que incluye a la fiscal General y jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta.
Las sanciones emitidas son de carácter financiero, así como restricciones de viaje en contra de cinco personas, y cobran vigor desde este miércoles 10 de abril.
Además, de la Fiscal General, las restantes cuatro personas sancionadas son: el secretario General del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la agente Fiscal, Leonor Morales, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
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SANCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
El pasado 2 de febrero, el Consejo Europeo sancionó a estos actores también, señalados de las mismas acciones.
En este caso, las medidas incluyen la inmovilización de los bienes que puedan tener en los países que integran dicha región.
Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE que pongan fondos a su disposición. De igual forma, no pueden ingresar o transitar por las naciones que integran el bloque.
