El Tribunal de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, suspendió la audiencia de primera declaración de un grupo de sindicados en el caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que figuran, entre otros, el expresidente del Congreso de la República, Gudy Rivera.

Según lo expresado por la juzgadora, la decisión de suspender dicha audiencia se basa en la existencia de un acuerdo de colaboración eficaz que está pendiente de ser resuelto.

Con esto, la audiencia de primera declaración, que viene posponiéndose desde el 2019, fue aplazada, nuevamente, para el 9 de julio.

LOS SEÑALAMIENTOS

En este caso, la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), da cuenta que en el gobierno del Partido Patriota, entre el 2012 y 2014, funcionarios habrían cobrado sobornos por Q53.9 millones a través de empresas de cartón contratadas para la remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos.

 

Según el MP, la red de corrupción, presuntamente estaba integrada por Jorge Villavicencio, quien fungió como ministro de Salud durante el gobierno de Otto Pérez Molina, del Partido Patriota.

En este proceso se señala a la hija del exministro, Cándida Saraí Villavicencio, y a al menos otros 15 funcionarios que ya han sido procesados, incluyendo a exdiputados al Congreso de la República como es el caso del expresidente del Legislativo, Gudy Rivera y de Anabella de León, quien también fungió como Registradora General de la Propiedad.

A este grupo también se imputa delitos a los exdiputados y excandidatos presidenciales Estuardo Galdámez, por el desaparecido partido Frente de Convergencia Nacional (FCN NACIÓN), y Luis Fernando Pérez, del Partido Republicano Institucional (PRI).

A este último, junto a la hija del exministro se le señala de supuestamente dirigir una estructura a lo externo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para nombrar a personas de confianza en puestos claves dentro de la cartera de Salud.

 

Cristobal Véliz
Periodista de vocación. Amante de las leyes y del Estado de derecho. Experiencia de más de 10 años en la cobertura de los procesos de postulación y nombramientos de funcionarios públicos.
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