A siete días de que la Presidencia de la República denunciara al secretario del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, ante la Contraloría General de Cuentas (CGC), la fiscal General y jefa del MP María Consuelo Porras, sostuvo una reunión con el contralor de cuentas, Frank Helmut Bode Fuentes.
El comunicado emitido por el ente encargado de la persecución penal refiere que el objeto de la reunión fue presentar «los importantes» resultados de las acciones realizadas de manera interinstitucional y proponer el desarrollo de proyectos con la finalidad de continuar implementando acciones anticorrupción.
Por otro lado, la denuncia contra Pineda se da por el presunto uso de fondos públicos para la persecución política de exoperadores de justicia exiliados en Estados Unidos.
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Esto como consecuencia, según lo han denunciado diversos sectores y exoperadores de justicia, que señalan que podría existir una persecución política dirigida desde el MP, la cual habría sido avalada por el expresidente Alejandro Giammattei.
El MP refirió que la propuesta de proyectos destaca las capacitaciones interinstitucionales para el área fiscal, técnica y administrativa del ente investigador, así como la implementación de la Oficina de Coordinación Interinstitucional -OCI-, conformada por la Superintendencia de Administración Tributaria, MP, Contraloría General de Cuentas y Asociación de Municipalidades.
Con dicha oficina se busca brindar asesorías y capacitaciones, dentro de sus respectivas competencias y capacidades, para que posteriormente puedan incorporarse otras acciones y entidades que forman parte del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza y coadyuvar en el apoyo interinstitucional.
«Durante la reunión se presentaron los resultados de las acciones interinstitucionales, dentro de las cuales se ha coordinado la instauración de mecanismos de cooperación, coordinación y asistencia interinstitucional que incidan en el fortalecimiento de las capacidades para impulsar acciones que coadyuven al fortalecimiento de la calidad del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad para propiciar el buen gobierno a través del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza», dice el comunicado del ente investigador.
LAS ACCIONES
De acuerdo con la denuncia presentada, el secretario General de la Presidencia, Gerardo Guerrero, dijo que las acciones en contra de los operadores de justicia exiliados, se remontan al 16 de enero de 2021, cuando Pineda envió un oficio al entonces mandatario, en el que solicitó la contratación de un bufete de abogados en Estados Unidos para accionar en contra de dos guatemaltecos radicados en aquel país.
En cuanto al gasto de recursos, se hace ver que como consecuencia se pagaron Q461 mil 600 mensuales al bufete con sede en Estados Unidos.
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Según Guerrero la estrategia propuesta por ese bufete fue sometida a aprobación de la actual fiscal General, María Consuelo Porras, por lo que se solicitó a la Contraloría esclarecer la utilización de los recursos y emprender acciones legales contra las personas responsables del contrato con la firma de abogados.
Además, de pedir una auditoría al MP, también se requirió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), con relación a lo ocurrido entre 2021 y 2022.
