Con un nuevo plantón en las afueras del edificio del Palacio de Justicia, que alberga a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el grupo denominado ResistenciaGT exigió a la Cámara de Amparo y Antejuicios que conozca de inmediato la solicitud de antejuicio que se presentó en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras.
Dichas acciones legales fueron presentadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), por instrucción del presidente, Bernardo Arévalo, derivado de la negativa de la jefa del Ministerio Público (MP) de participar en la reunión de Gabinete de Gobierno del pasado 29 de enero, a la cual fue citada por el mandatario.
Los inconformes aseguran que «es el momento» de que el pleno de magistrados conozca y declare a trámite la solicitud de antejuicio promovida contra la Fiscal General.
También dijeron que «existe una justicia selectiva y política que persigue a estudiantes y exfuncionarios, que criminaliza y violenta derechos humanos de la ciudadanía».
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PLENO SIN CONOCER
El pasado jueves 7 de marzo, el presidente de la CSJ, Oscar Cruz, indicó que la solicitud de antejuicio promovida contra la jefa del MP aún no ha sido conocida por el pleno de magistrados, debido a que existen dos acciones pendientes de ser conocidas por la Cámara de Amparos y Antejuicio.
Cruz agregó que tras conocer dichas acciones, el expediente sería elevado al pleno para su discusión y análisis, aunque afirmó que en la agenda de la sesión prevista para este miércoles 13 no había sido incluido este tema.
ACCIONES PENDIENTES
Pese a que no se precisó el contenido de dos peticiones, se aseguró que la Cámara de Amparo y Antejuicios de la CSJ aún no se ha pronunciado al respecto.
Además, dicha instancia indicó que la PGN hizo una solicitud el pasado 29 de febrero. En tanto, la jefa del MP planteó otra el martes 5 de marzo último.
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ANTEJUICIO
El pasado 29 de febrero, el procurador general de la nación, Julio Roberto Saavedra Pinetta, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron una querella en contra de Porras, la cual, derivado de su cargo, se tramita como solicitud de antejuicio.
La acción legal señala a la funcionaria por supuestamente haber cometido el delito de incumplimiento de deberes.
