En su exposición ante integrantes de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los abogados Giovanni Fratti y Karen Fischer ratificaron la denuncia por supuestas anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sin embargo, en su exposición se contradijeron en sus argumentos.
En su exposición, Fratti dijo que el contrato suscrito con la empresa Datasys y el TSE incluía el control, transmisión y auditoría del proceso electoral durante la presentación de resultados, lo cual a su criterio no se cumplió.
Según Fratti, la empresa adjudicada no tiene la experiencia necesaria de lo acordado con el ente electoral, tomando en consideración la subcontratación que esta hiciera con Podernet y el Instituto Tecnológico de Monterrey.
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Con ello, aclaró que la denuncia presentada contra las autoridades del TSE se ciñe, únicamente a la posible comisión del delito de fraude en la compra del referido sistema y no en la efectividad que la empresa contratante pudo tener en la transmisión de resultados.
A la vez, dijo que al subcontratar a Podernet puede existir un conflicto de intereses, ya que fue la misma entidad contratante por el órgano electoral quien hizo la propuesta.
Con esto, para Fratti el incumplimiento de deberes se da porque la función de supervisión del sistema le fue encomendada a una empresa y no fue efectuada por el departamento de informática del TSE, ya que según él «no se le puede trasladar la función pública a un externo. Esto sería una delegación ilegal de la función pública«, expuso.
Por su parte, la abogada Karen Fischer, dijo que el contrato administrativo se suscribió con el TSE y Datasys por Q148 millones, precio que a su criterio fue sobrevalorado, porque existían ofertas mucho más bajas.
Contrario a lo expresado por Fratti, aunque dijo que se trataba de «presunciones«, Fisher argumentó que debido a los indicios y los medios de convicción hubo alteración de datos en la sumatoria respectiva.
Explicó que, aunque la certeza de que sí ocurrió o no, está en manos del Ministerio Público (MP), la denuncia planteada se basa en que aconteció durante el proceso electoral, por lo que dijo que una cosa es el delito de fraude y otra es lo que presume que ocurrió como fraude electoral.
Con relación a quienes tienen responsabilidad en la contratación, Fratti señaló que la denuncia fue presentada contra los que hayan tenido participación, por lo que expresó «la magistrada Alfaro no firma el contrato, pero sí firma las bases. Se tiene que analizar quién firmó qué. No podemos ampliar en temas de fondo, como ciudadanos, nuestra obligación es denunciar. Lamentamos no poder haber estado en la anterior citación«.
Lo anterior lo dijo en referencia a que la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, no firmó el contrato, pero estuvo presente durante el desarrollo del proceso de adjudicación del sistema TREP.
CARTA
También Fratti recordó que la senadora colombiana, María Fernanda Cabl, envió una carta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, en febrero de 2023, en la que se advertía las consecuencias que podría traer para el país la contratación de una empresa como Datasys.
De acuerdo al abogado, la advertencia se dio en el marco de lo que ha sucedido en procesos electorales en países «de izquierda» en donde los resultados de las elecciones han estado marcados por «fraudes electorales«.
Aunque los denunciantes reconocien que son más de 4 mil folios, Fischer pide agilizar el informe, y aunque indicó que no tiene interés político, muestra preocupación por llegar el 14 de enero.
🎥: José Orozco/LH pic.twitter.com/1Xej7hyQ3N
— Diario La Hora (@lahoragt) November 24, 2023
CONTRALORÍA
Durante el desarrollo de la audiencia, el presidente de la Comisión Pesquisidora, Enrique Montano, leyó una comunicación firmada por el contralor General de Cuentas, Helmuth Bode Fuentes, en la que indica la posibilidad de presentar un informe de auditoría con relación a la adquisición del sistema TREP.
Además, expuso que en la misiva enviada se informa que el pasado 21 de noviembre autoridades del TSE evacuaron la audiencia de posibles hallazgos, por lo que dijo que no era posible asignar algún representante de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para estar presente ante la Pesquisidora.
También se informó que la imposibilidad de presentar informes se debe a que existe la limitación de éstos hasta que no se concluyan los informes de auditoría, los cuales deben ser sometidos a control de calidad y autorizados por el contralor General o bien por los auditores encargados.
