El Cyrus R. Vance Center for International Justice prevé un «grave perjuicio» para el país si se obstaculiza la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo, en enero de 2024, específicamente con un clima de inversión y desarrollo de negocios negativo.
De manera reciente, una delegación de dicha organización visitó el país, y tras una serie de reuniones, estableció que una situación como esta también podría desembocar en la imposición de sanciones económicas drásticas para Guatemala en 2024.
«Si la sucesión constitucional y democrática no ocurre, o se anuncia o confirma que no ocurrirá, acarreará un grave perjuicio a Guatemala«, dijo la entidad en un comunicado.
En tendencia:
En sus recomendaciones, dicha entidad también exhortó a respetar la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones del pasado 25 de junio y 20 de agosto, cuando se realizaron las votaciones generales y la segunda ronda de los comicios presidenciales, respectivamente.
Además, condenó la instrumentalización del derecho penal para alterar la voluntad popular, lo cual calificó como un grave ataque a la democracia, incluyendo acciones durante el proceso electoral ya finalizado y aquellas que puedan darse después, y que busquen impedir el trabajo de los partidos políticos.
DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD
El Cyrus R. Vance Center for International Justice también consideró que la Corte de Constitucionalidad (CC) debe asumir su posición como garante de la constitucionalidad y de los principios internacionales a los que Guatemala se ha comprometido, como última instancia, en el país que afrontará consecuencias históricas graves ante su falta de acción y protección de la democracia.
Como consecuencia de los ataques a los resultados electorales y la utilización política de la institución del Ministerio Público (MP), los abogados estadounidenses consideraron que la Fiscal General, María Consuelo Porras, debe renunciar antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, «para permitir la restauración del Estado de derecho. En su defecto, se deben buscar las medidas legales adecuadas para restaurar la obediencia a la ley de la institución«, detalló.
En cuanto a la elección de Cortes, ven clara la necesidad de que el Congreso, en cumplimiento con la sentencia de la CC, la cual fue ratificada el pasado martes 7 de noviembre, debe elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para completar el periodo constitucional que finaliza en octubre de 2024.
Por último, exhortó que como un principio, la elección de Cortes esté basada en méritos, capacidad, e integridad, eligiendo a los mejor calificados a través de votos razonados, en un proceso público y transparente, con apego a los estándares internacionales en la materia.
