El pasado 13 de enero, la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, confirmó en el programa Razón de Estado que en cuanto fuese designado el magistrado electo, se impugnaría tal decisión. Foto: La Hora/Archivo

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) manifestó que la acción de la fiscal general, María Consuelo Porras para solicitar el levantamiento de la inmunidad en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), es un fraude de ley.

La CIJ indicó que, si bien la última acción de la jefa del Ministerio Público (MP) es para retirar el antejuicio a diputados, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la CC, esta se hizo “sabiendo de antemano que solo la acción encaminada en contra de la CC llegará a tener éxito”.

Esa organización expuso que el fraude de ley está contemplando en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y “por medio del cual se comenten violaciones sistemáticas a la Constitución con apariencia de legalidad y afecta, sustancialmente, al estado de derecho”.

Por otra parte, la Comisión señaló que esa misma acción se ha dado en el “retraso deliberado” de la elección de altas Cortes, el cual, según la entidad, ha sido causado por un “grupo considerable” de diputados del Congreso de la República.

DESOBEDIENCIA

La acción de postergar la designación de las magistrados, subrayó la CIJ, tiene por objeto mantener inalterable a la actual CSJ. Dicha institución también dijo que ha habido un incumplimiento la fiscal general y legisladores en cuanto a la sentencia de la CC por la elección de Cortes.

De igual manera, esa organización, presidida por Ramón Cadena, mencionó que se ha dado una desobediencia sistemática de otras resoluciones de la CC y ataques, por medio de denuncias espurias, en contra de los togados de esa instancia.

“También en contra del procurador de los Derechos Humanos -Jordán Rodas-, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -Juan Francisco Sandoval- y jueces independientes e imparciales como las juezas Erika Aifán, Yassmín Barrios, y el juez Miguel Ángel Gálvez, entre otros”, añadió la Comisión.

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En torno a estos sucesos, Cadena manifestó que demuestran que las autoridades del Estado de Guatemala “han comprometido la función pública, para pasar a defender ilegalmente los intereses del crimen organizado, en lugar de defender a la población”.

“Las acciones constituyen fraude de ley, ya que son actos realizados supuestamente al amparo del derecho, que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, como lo es provocar más y más impunidad”, puntualizó el abogado.

LAS DENUNCIAS

El viernes anterior el MP presentó seis solicitudes de retiro de antejuicio en contra de magistrados de la CC, esto por emitir una resolución por la elección de Cortes del Organismo Judicial (OJ) y sobre un asunto del que “inminentemente” eran parte.

Las peticiones para el levantamiento de la inmunidad las planteó la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra de Gloria Porras, Neftaly Aldana, Bonerge Mejía, José Francisco de Mata, José Par Usen y María Cristina Fernández.

Esto se hizo por la posible comisión de siete delitos, con base a denuncias interpuestas por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo; Rina Paola Samayoa Mencos, mandataria del Congreso; José Roberto Hernández Guzmán, aspirante a Sala de Apelaciones, entre otras.

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