El pasado 13 de enero, la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, confirmó en el programa Razón de Estado que en cuanto fuese designado el magistrado electo, se impugnaría tal decisión. Foto: La Hora/Archivo

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La fiscal general Consuelo Porras pidió, por medio de un memorial, a la Corte de Constitucionalidad (CC) que anule la sentencia que emitió el 6 de mayo pasado en torno a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, en donde se le otorgó un amparo definitivo.

Según la jefa del Ministerio Público (MP) en el fallo relacionado la CC no hizo alusión alguna a si se tomaron en cuenta o no los documentos que para mejor falla se solicitó se recabaran e incorporaran en el proceso de la acción legal.

Entre esos documentos que la funcionaria pidió que se agregaran al expediente se encuentran oficios suscritos por las diputadas Sofía Hernández y Hellen Ajcip, así como uno de la jueza María Eugenia Castellanos y del magistrado Romeo Monterrosa.

Dichas personas presuntamente se relacionaron con el ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien aparentemente negoció la elección de magistrados desde un anexo del sanatorio Ciudad Nueva, en donde se encontraba internado.

“Resulta que de las actuaciones notificadas no existe resolución alguna respecto de la admisión o no de la solicitud de auto para mejor fallar planteada por el MP, ni tampoco al examinar el fallo que nos ocupa se advierte pronunciamiento sobre la documentación”, señaló la fiscal general.

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A decir de Porras la CC debió hacer el análisis y pronunciamiento de lo requerido en auto para mejor fallar, por lo que “existiendo un vicio sustancial en el procedimiento y que la CC es a quien corresponde anular las actuaciones cuando existan vicios de esta naturaleza, el MP procede a solicitar se anulen las actuaciones”.

En ese contexto, la jefa del MP pidió que se emita una resolución respecto del auto para mejor fallar considerando la documentación ofrecida por el ente investigador y, en su caso, se haga el pronunciamiento en cuanto a su valoración al momento de dictar una nueva sentencia.

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