Por Cristian Velix
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La Fiscalía Contra la Corrupción indicó que pidió al Juzgado Cuarto de Instancia Penal, dirigido por el juez Pedro Laynez, para que la ex primera dama, Patricia Marroquín de Morales, declare en torno a un posible fraude cometido en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
La citación fue programada para el 13 de julio próximo a ese órgano jurisdiccional, debido a la prestación irregular de servicios informáticos en esa cartera, para la cual fue contratada, pero según la Fiscalía, no contaba con la experiencia para hacerlo.
Según indicó el jefe de esa unidad de investigación del Ministerio Público (MP), Stuardo Campo, fue a través de Jorge Estévez que la ex primera dama pudo obtener un contrato en la cartera de Salud, esto en el 2014, cuando esa institución era dirigida por Jorge Villavicencio.
“Ella fue contratada para prestar sus servicios durante el período del 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014”, añadió el investigador, al tiempo que detalló que la suscripción del convenio laboral se dio entre Marroquín de Morales y el viceministro del MSPAS, William Edgardo Sandoval Pinto.
Es de resaltar que Sandoval Pinto, al igual que Villavicencio (señalado en otros dos casos de corrupción), como también Breyner Osberto Godínez, argumentó la representación del MP, pudieron incurrir en este caso en el ilícito de fraude, por lo que también están citados para la fecha aludida.
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El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó el caso de corrupción por la contratación de la ex primera dama, Patricia Marroquín de Morales, en la cartera de Salud.
Video La Hora/José Orozco. pic.twitter.com/627S1fTHyN— Diario La Hora (@lahoragt) February 28, 2020
LA CONTRATACIÓN
El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción dijo que fue Villavicencio que aprobó la contratación de Marroquín de Morales, mientras que Godínez Peiró, en su calidad de coordinador de Informática del MSPAS avaló los informes mensuales que fueron presentados por la contratada.
“Lo anterior, a sabiendas que la referida persona (la esposa de Jimmy Morales) no habría ejecutado los servicios para los que se le contrató”, agregó Campo, quien comentó que para este expediente judicial se recabó documentación y declaraciones testimoniales.
De igual manera, el investigador mencionó que la señalada sí se presentaba ocasionalmente al lugar en el que debía trabajar, además de que fue vista algunas veces en esa área, por lo que no se podía asegurar que se tratara de una plaza fantasma.
“Ella no acreditó dentro de su hoja de vida tener esta preparación, esta formación técnica para poder prestar estos servicios”, aseveró el fiscal, quien también dijo que no existía documentación que soportara de forma suficiente la debida prestación de estos servicios.
“Posiblemente ella desarrollaba otro tipo de actividades, diferentes a las que estaban consignadas en el contrato de servicios técnicos. Pese a ello, en los informes mensuales de actividades, se hacía referencia a una serie, de acciones que no pudieron verificarse por la Fiscalía”, argumentó Campo.
SUPUESTOS BENEFICIOS
La Fiscalía sostiene que la ex primera dama pudo haberse beneficiado con alrededor de Q45 mil por este contrato, ya que prestó sus servicios durante diez meses en el MSPAS, no obstante, que por ello se pudo defraudar al Estado.
Por último, la unidad de investigación refirió que pidió que ella fuera citada a declarar y no que se le capturara, porque en el 2014 no era la esposa del expresidente Jimmy Morales, razón por la que no ostentaba un cargo público.
