Como un retroceso a la descentralización, el desbalance en la toma de decisiones y debilidades en la gobernanza son algunos de los comentarios que rodean la iniciativa de ley 6054, la cual propone situar bajo una única rectoría –técnica, administrativa y financiera– al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con seis instituciones de competencia ambiental en el país.
Estas serían el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET) y las autoridades de las cuentas de los lagos: Amatitlán, Atitlán y la cuenca Río Dulce – lago de Izabal.
El proyecto fue promovido por el partido de gobierno desde que asumió la presidencia Alejandro Giammattei. En este momento se encuentra pendiente de dictamen por parte de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso. En tanto, el diputado Erick Martínez, presidente de esta comisión, se encontraba la semana pasada socializando la iniciativa con representantes del sector forestal de Alta Verapaz y con miembros del CACIF, según la página oficial de este organismo.
La propuesta fue presentada en marzo pasado por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera (Vamos), junto a los diputados Carlos Enrique López (UNE), Julio César Longo (FCN-Nación), Efraín Menéndez Anguiano (Valor), Marvin Alvarado (BIEN) y Aníbal Rojas (Viva).
Sin embargo, ha sido considerada como iniciativa que presenta una serie de escollos, que comienzan con otorgar autoridad máxima a una cartera carente de capacidad ejecutora, problemas jurídicos y que hace coincidir el rechazo de sectores como la Cámara del Agro, diputados de oposición como los Semilla, ambientalistas y expertos agrónomos.
De acuerdo con los distintos sectores, el objetivo final es el “control de recursos por el manejo de concesiones y licencias para el aprovechamiento de los recursos forestales u otros”, así como generador de mayor corrupción.
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CONTROL DE RECURSOS
La Cámara del Agro (Camagro) asegura que se trata de una iniciativa que reformaría seis leyes vigentes del Congreso para crear una nueva, que enmarca tres grandes temas:
Primero, el MARN se convierte en una rectoría técnica, financiera y administrativa de las instituciones de competencia ambiental.
Segundo, se crea la autoridad para el manejo y desarrollo de la Cuenca del lago Petén Itzá; y
Tercero, se crea el centro de mediación de conflictos ambientales.
Los principales efectos de esta propuesta serían: retrocede en el principio de descentralización, puesto que elimina la participación de actores de altas autoridades de Gobierno, Presidencia, Ejército, Ministerio de Salud, MAGA, fiscalías del MP, autoridades locales, sociedad civil y sector privado, entre otros.
Además, señala que le facilita al gobierno central, a través del MARN, fondos de cooperación internacionales de distintas alianzas financieras –mundiales– y otros convenios. “Pareciera ser que se busca un mecanismo de acceso y control sobre los recursos financieros”, expresó la Cámara en un documento.
A esto se suma que quedarían en entredicho otros efectos como las concesiones y licencias de aprovechamiento de recursos forestales dentro de las áreas protegidas, los cuales se otorgan en forma exclusiva por el Conap, comentó Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro.
Además, la dirigente comparte que organizaron un foro al respecto y enviaron cartas explicativas a cada uno de los miembros de la Comisión de Ambiente.
PÉSIMOS ANTECEDENTES
Como miembro de la Comisión de Ambiente, el diputado Luis Fernando Pineda, del Movimiento Semilla, expone que emitió dictamen desfavorable sobre esta iniciativa, amparado en una serie de argumentos técnicos y legales, que expone en un documento de 10 páginas.
También coincide en que centralizar toda la coordinación y toma de decisiones en el MARN, concentrando las funciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Instituto Nacional de Bosques (INAB) y la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territorial del Estado (Ocret) eliminaría toda posible oposición a propuestas de extracción y explotación irracional de los recursos naturales.
“Lejos de procurar la sustentabilidad ambiental, amenazaría seriamente la gobernanza de la naturaleza dentro y fuera de las áreas protegidas y zonas de patrimonio natural”. Esto debilitaría los mecanismos de regulación y sanción, en suma, tendría un impacto negativo grave en la administración pública ambiental y el Estado mismo, añade.
A LA ESPERA
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Parte del peligro del alcance de esta ley lo ilustra que el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) que abarca del 25 al 30% del territorio nacional.
Pineda considera que la sustitución simple e improvisada de las funciones, responsabilidades, jurisdicciones de seis entidades hacia un ministerio con grandes carencias puede resultar en una situación caótica para el Organismo Ejecutivo y decenas de guatemaltecos que dependen de estas instituciones y tienen compromisos con estas.
“Debe tomarse en cuenta la pésima experiencia que ha sido el simple cierre sin planificación de entidades como la Sepaz, Copredeh y Contierra con extrabajadores con quienes actualmente todavía lidia el gobierno con cientos de reclamos laborales.
NO HAY GARANTÍAS
El ambientalista Sergio Izquierdo recordó que participó en una reunión con Mario Rojas previo a que tomara posesión del Ministerio de Ambiente, quienes presentaron esta iniciativa que impulsaría el recién electo presidente Giammattei.
Izquierdo dudó de la propuesta toda vez que instituciones como el MARN y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no necesariamente velan por la protección de los recursos naturales, sino a lo largo de los años han respondido “como facilitadores de intereses políticos e industriales”.
El ambientalista considera que la preocupación gira en torno a minimizar el poder de instituciones como el Conap, cuya junta directiva funciona por un sistema de pesos y contrapesos porque está integrada por una gobernanza mixta.
Además, teme que el Conap sería la institución más vulnerable con esta iniciativa porque ha negado autorizaciones diversas y defendido el patrimonio natural.
“Aunque el sistema de pesos y contrapesos hace que muchas veces el país se quede varado, es necesaria esta diversidad de opiniones en los casos donde abundan intereses de todo tipo”, expuso.
REINGENIERÍA AMBIENTAL
El balance en esta propuesta queda en el análisis de un técnico, quien considera la necesidad de una integración, pero no como la propone la iniciativa 6054.
“Esta unificación de instituciones requeriría primero pasar por una reestructura del MARN, puesto que se ha demostrado que es un pésimo ejecutor y sería el peor Ministerio el que absorbería a instituciones que sí tienen una serie de logros”, explicó un ingeniero agrónomo que pidió no ser citado.
Como ejemplo señaló que el Conap tiene una naturaleza ambiental y de recursos naturales. El rector lógico es el MARN; en cambio, Ocret tiene una naturaleza agraria, pues su competencia son territorios en cauces de ríos y lagos. Su rectoría natural es el Ministerio de Agricultura, comentó.
Agregó que el INAB es el ente rector del recurso forestal en el país, institución que sería una aberración pretender integrarlo al MARN, puesto que la disciplina forestal es parte del subsector agrícola. “Sería el error más grave, es una ley mal diseñada y por esto no va a avanzar”, advirtió.
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RECTOR-USAC: empresa de encapuchados y su relación con otros contratos
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También manifestó que el segundo gran problema de esta ley es que pareciera que el objetivo es enfocarse en concentrar las licencias de autorización, como las concedidas por INAB y OCRET, que son onerosas y rentables, por lo tanto, sería otro foco de corrupción.
Asimismo, consideró que el tercer dilema sería la necesidad de una gobernanza mixta con la participación de otros sectores. Por ejemplo, el INAB incluye al sector privado, mientras que el Conap lo integran gobierno, oenegés y el CECON-USAC. Esta gobernanza es saludable y permite transparencia, sostuvo.
De manera que, la propuesta funcionaría toda vez la reestructuración para crear un súper ministerio o intendencia ambiental, tome en cuenta este modelo en donde las decisiones sean mixtas. “Pero hace falta la propuesta de los colegios profesionales”, advirtió.
