La Junta Directiva de Alcaldes de los 48 Cantones se pronunció en contra de la iniciativa 6155 “Ley de uso racional y legítimos de la fuerza”, ya que argumentaron que es una versión actualizada y mejorada de la iniciativa 6076, “Ley Antiprotestas”.
Aseguran que “la amenaza de que esta norma sirva para reprimir o coartar expresiones de protesta ciudadana se mantiene plenamente”. Por lo que solicitan que de remitirse a una comisión legislativa para su análisis se dé dictamen desfavorable y recuerdan a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera “su compromiso con los 48 Cantones y se retire del debate legislativo tal propuesta”.
La iniciativa 6076 “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, proponía que policías y militares puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones, sin embargo, ante el rechazo de los 48 Cantones, la Junta Directiva del Congreso se comprometió a no volver a agendarla para su avance.
PRESENTAN ANÁLISIS
La Junta Directiva de los 48 Cantones mencionó varios puntos que analizaron de la iniciativa 6155 referente al contenido y alcances, los cuales son:
1. La iniciativa 6155 debe expresarse enfáticamente que a pesar de que presenta una redacción más articulada y coherente ya que excluye a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) e incorpora la gradación del uso de la fuerza y un proceso disciplinario y sancionatorio por excesos de la fuerza, tal propuesta abarca el mismo sentido, objeto y ámbito de la 6076.
2. Estipula en su ámbito de aplicación que será cuando exista amenaza o vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los Derechos Humanos como fuerza diferenciada que desarrollaba la 6076, por lo que la amenaza que esta norma sirva para reprimir o coartar expresiones de protesta ciudadana se mantiene plenamente.
3. La aplicación de la fuerza señala que la policía, Sistema Penitenciario y Ejército podrán actuar por defensa propia o defensa de otras personas con la amenaza inminente de muerte o lesiones graves o el mantenimiento de los Estados de Calamidad, “cuando se desarrolla el capítulo de degradación de la fuerza establece que puedan existir conducta de colaboración, resistencia y agresión activa y alta peligrosidad”.
4. Lo rescatable de la Iniciativa 6155 es que incorpora un capítulo de responsabilidades donde los mandos de seguridad deberán velar porque el uso de la fuerza por parte de sus subordinados sea bajo las normas constitucionales y los acuerdos internacionales y en caso de incumplimiento deberán activar el proceso disciplinario y sancionatorio; estableciendo la obligatoriedad de la denuncia.
SOLICITAN DICTAMEN DESFAVORABLE
Por lo anterior, la Directiva de 48 Cantones enfatizó que es una versión actualizada y mejorada de la 6076 y al remitirse a la comisión específica, se le dé un dictamen desfavorable, ya que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera se comprometió con los 48 Cantones de Totonicapán.
INICIATIVA FUE ESTUDIADA
Debido al pronunciamiento de los 48 Cantones, el diputado Vitelio Lam, ponente de la iniciativa expresó que la propuesta presentada fue previamente estudiada y argumentó que será de beneficio para la población.
“Como presidente de la Comisión de Seguridad Nacional tenemos claro que lo primero es la seguridad que garantice los derechos humanos de la población, no es como la ley anterior, nosotros cuidadosamente hemos hecho esa iniciativa para el beneficio del pueblo”, explicó.
Además, indicó: “Lo importante es que los policías cuiden a la población y que puedan ver una manifestación, hacer una captura y que tenga todos los elementos en beneficio para la población y que está plasmado en esa iniciativa”.
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 26, 2022
SOBRE LA INICIATIVA 6155
El 19 de octubre, los diputados Boris España y Vitelio Lam presentaron ante dirección legislativa la iniciativa 6155 “Ley para uso racional y legítimo de la fuerza”, la cual dispone “normas generales para que la fuerza de seguridad pueda utilizar el uso racional de la fuerza en todo el territorio nacional”.
De acuerdo con la iniciativa, la ley será aplicable ante la amenaza o vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y la protección del libre ejercicio, la cual será de observancia general en todo el país.
La fuerza de seguridad que será respaldada en caso aprueben la ley será el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Defensa por medio del Ejército de Guatemala.
